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Germà Gordó, el exconsejero de Justicia de la Generalitat / CG

La fiscalía blindó a dos testigos del 3% para evitar las represalias de Gordó

Uno de ellos, imputado, reputado y laureado empresario, señaló de forma inequívoca a Artur Mas como la persona que le indicó que “desde ahora, todas las adjudicaciones serán a través de Germà”

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El 17 de noviembre de 2011, un empresario imputado en un causa por corrupción política que se sigue en la Audiencia Nacional, compareció en la sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción de Madrid ante los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo para denunciar haber sido víctima de lo que él consideraba una “extorsión”.

Según su testimonio, “trascendente en lo relativo a Germà Gordó”, según la fiscalía, en una fecha no determinada entre el año 2006 y 2007 recibió una llamada telefónica de Gordó, “a quien ya había visto alguna vez antes”. Lo citó en la sede de CDC de la calle Còrsega de Barcelona.

Aparece Mas

Se produjo la reunión. Pero no estaban solos. “Me subieron al despacho de Artur Mas, donde estaban Gordó y el propio Mas”.

El empresario reconoce que mantiene buena sintonía con el partido porque había efectuado reiteradas donaciones a la fundación convergente Catdem. En un momento dado, siempre según el relato del empresario, Mas le dijo directamente: “A partir de ahora, todas las adjudicaciones han de ser a través de Germà Gordó”.

El mismo día 17 de noviembre, compareció en fiscalía un segundo empresario, también imputado en casos de corrupción, que explicó en una breve declaración que Gordó le dijo que cualquier negocio en las tierras de Lleida primero tenía que hablarlo con él y pactar las condiciones. Dice que esa reunión se produjo un día indeterminado del año 2004 en el Parlament de Cataluña.

Miedo a Gordó

Con ese material, los fiscales se dirigieron al juzgado de El Vendrell (Tarragona) para solicitar la condición de testigos protegidos de ambos.

“Partiendo de un razonable temor a una represalia de los organismos públicos y la administración bajo la influencia del señor Gordó”, la fiscalía solicitó ese blindaje procesal el 27 de noviembre del año pasado. Se trataría, en todo caso, de un blindaje insuficiente porque el grueso de las defensas presentadas en el caso del 3% no tienen la menor duda del nombre y apellidos de esos dos colaboradores judiciales ni de los motivos que les han impulsado a tirar de la manta, que no son otros que el intento de contener o reducir las acusaciones que pesan sobre ellos por casos de corrupción.