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Detalle del columbario que se quería construir en el campo del Barça / CG

La fiscal remite al juez una segunda denuncia contra GIEM Sports y el Barça por los columbarios

La Fiscalía de delitos económicos se hace cargo de la acusación por unos hechos por los que, según los inversores, también ha responder penalmente el club deportivo

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La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha ordenado la remisión, al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, de la investigación realizada por el Ministerio Público desde que recibiera, el pasado día 11 de agosto, la denuncia de un grupo de inversores que dijeron sentirse estafados por la empresa GIEM Sports, Espai Memorial Barcelonista SLU y por el FC Barcelona, sobre la gestión del columbario del club deportivo.

Los inversores, 22 entre personas físicas y sociedades mercantiles afectadas, aportaron un total de 1.350.000 euros en el proyecto publicitado en 2012. 

Los plazos han vencido

Según el contrato establecido primero con GIEM Sports y, más tarde, con Espai Memorial Barcelonista SLU, los inversores “tendrán derecho a recibir mil euros por cada uno de lo columbarios que se vayan comercializando, y que si en el plazo de tres años desde la firma del contrato no se ha firmado ninguno ni se ha extinguido el contrato, el inversor tendrá derecho a recibir  la cantidad entregada más mil euros por cada uno de los columbarios que no se hayan vendido”. Así reza la denuncia presentada en Fiscalía a mediados del pasado mes de agosto y que ha dado lugar a esta segunda investigación que se ha añadido a la ya en trámite en el Juzgado de Instrucción número 7.

El Barça, al corriente

La denuncia resalta que el Barça era conocedor de la trama, que estaba al corriente, que ya habría recibió un mínimo de un millón de euros, pero que, transcurrido el plazo de reintegro, los inversores no han visto ni un euro de lo acordado. Por ello, consideran al FC Barcelona responsable penal a título lucrativo porque ya se ha beneficiado de un proyecto que no ha puesto en marcha.

La denuncia también resalta que el directivo Antoni Freixa, mano derecha del entonces presidente (2012), Sandro Rosell, fue quien urdió todo este montaje. De hecho, según se reitera en la denuncia, el acuerdo de adjudicación del contrato se firmó en el bufete de abogados del Freixa que, como ya ha explicado este medio, actuó, a la vez, de asesor de la empresa imputada.

Piden transparencia al club

Los denunciantes han pedido expresamente al Ministerio Público y lo reiteraran ante el juez que, “a través de la policía judicial, se solicite a la tesorería del FC Barcelona, en la persona de doña Susana Monje i Gutiérrez, vicepresidenta del área económica, a los efectos de que certifique las cantidades recibidas y fechas de entrega por parte de las empresas denunciadas así como el estado actual del contrato de colaboración”.