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Un agente de la Policía Nacional revisa archivos de pedofilia / CNP

El FBI destapa un caso de pedofilia en Cataluña

La madre de una menor de 12 años compartió con su amigo 17 fotografías de la niña en ropa interior

6 min

El 25 de enero 2019 el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos (ICMEC, por sus siglas en inglés), presentó una denuncia ante el FBI en la que informaba de un envío de archivos de contenido sexual infantil por parte de un usuario ubicado en España con dos de sus contactos de Whatsapp.

La Embajada de los Estados Unidos en Madrid trasladó esta información a la Policía Nacional, que abrió una investigación por un posible caso de prostitución y corrupción de menores que bautizó como ‘operación Lolita’. Las pesquisas realizadas por la Sección de Investigaciones Tecnológicas de la UDEF localizó la dirección IP desde la que se habían almacenado y distribuido los archivos de pornografía infantil.

Casi una veintena de fotos de una menor

El correo electrónico vinculado a esa IP llevó a los agentes hasta un domicilio ubicado en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Los agentes efectuaron una entrada y registro en el domicilio del investigado --ahora imputado-- en el que se incautaron de un ordenador y dos terminales móviles. Fue precisamente en uno de esos teléfonos donde localizaron “imágenes de menores de 16 años no identificados participando en actitudes de índole sexual” que, según el escrito de calificación de la fiscalía, fueron compartidas con otros contactos hasta en nueve ocasiones.

Audiencia de Barcelona, donde se celebrará el juicio contra el presunto pedófilo / CG
Audiencia de Barcelona, donde se celebrará el juicio contra el presunto pedófilo / CG

Además de estos archivos, los investigadores descubrieron que en un periodo indeterminado entre 2017 y 2018 el acusado recibió fotografías de una niña de 12 años que, presuntamente, le proporcionó la propia madre de la menor. La fiscalía mantiene que ambos --madre y presunto depredador sexual-- actuaron en connivencia y que “con un consciente desprecio hacia la libertad sexual de la menor, realizaron fotografías de la misma posando en ropa interior, dormida y con un billete en la boca”. En total, el acusado obtuvo 17 fotografías de la niña por Whastapp.

Condenado en 2018

No era la primera vez que lo hacía. En 2018 ya fue condenado a dos años de prisión por un delito de difusión de este tipo de archivos. Sin embargo, nunca llegó a pisar la cárcel gracias a un acuerdo de conformidad por carecer de antecedentes penales. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona le imputa dos delitos: uno de pornografía infantil y otro de corrupción de menores, por los que solicita para él 16 años de prisión. Asimismo, a la madre de la menor --para la que solicita ocho años de cárcel-- la acusa de corrupción de menores de 16 años y solicita la inhabilitación durante dos años para el ejercicio de la patria potestad.

El acusado, que cuenta con antecedentes penales computables, durante la fase de instrucción declaró ante la policía que desconocía que había recibido los mencionados archivos y que, en cualquier caso, nunca los difundió. Solo admite haber realizado uno de los envíos, de menores desconocidos, que achaca a "un error"

La madre alega que "fue una broma"

Sobre las imágenes de la niña de 12 años, fuentes cercanas al caso explican que la madre mantiene que compartió las fotografías de contenido erótico de la menor con el que era su amigo de forma altruista y “en broma”. “Sí, yo le mandé las fotos. Pero fue de broma porque él de quien estaba enamorado era de mi otra hija, de 18 años. Por eso, le dije a la niña que imitara que estaba trabajando de camarera en un bar y le saqué unas fotos”, mantuvo.

Al no tratarse de fotografías de contenido sexual explícito --la baza a la que se aferran las defensas-- la fiscalía lo tendrá difícil para demostrar el delito de corrupción de menores que imputa a ambos acusados. Sin embargo, intentará sostener la acusación por el delito de pornografía infantil por la difusión de imágenes de menores desconocidos. En esta ocasión la reincidencia agravará la pena y podría ser condenado a a entre 5 y 9 años de prisión. El juicio, que tendría que haber tenido lugar este martes en la Audiencia Provincial de Barcelona y que se ha suspendido por problemas técnicos, se celebrará el 7 de febrero de 2023. Hasta entonces, seguirá en libertad.