Sant Adrià empadrona a las 60 familias okupa del barrio de La Mina. El ayuntamiento de la ciudad del área metropolitana de Barcelona está registrando en el padrón a los ocupantes que tomaron los pisos públicos en julio del año pasado. La medida ha sublevado a los vecinos, que recuerdan que las viviendas "tienen legítimo propietario".
Según han denunciado residentes de los bloques asaltados en verano de 2017, el consistorio está empadronando a familias con y sin menores "para que tengan acceso a las ayudas sociales".
Discriminación
"No estamos contra ello, lógico, pero recordamos dos cosas. Una, que esos pisos fueron construidos por el Consorcio del Barrio de La Mina para realojar a más de 220 familias de la misma zona cuyos bloques se caen a trozos. Y dos, que el resto de familias pagamos religiosamente nuestras hipotecas y no tenemos pinchada el agua y la luz como ellos", ha indicado un residente que no ha querido revelar su nombre.
Preguntada por la cuestión, una portavoz municipal ha admitido que las personas inscritas en el padrón "que no disponen de derechos sobre su vivienda" son 43. Otras 20 familias están tramitando el registro a la espera de que una visita de la policía local confirme que viven allí.
La okupación como prueba
"El registro en el padrón se articula como un derecho y una obligación ciudadana [...] Es un acto obligatorio para los ciudadanos. La norma obliga a la administración a empadronar a todas las personas que cumplan con el requisito de residencia habitual, también las que han ocupado un piso".
La misma representante ha agregado que la única prueba necesaria para inscribir a una familia o una persona es "comprobar que vive en el piso de forma continuada o estable". Lo hace la policía local y es el proceso seguido en La Mina.
"Sigue la armonía 'mafiosa'"
Fuentes vecinales han indicado que "nada ha cambiado" desde que los clanes que controlaban la vigilancia de los pisos vacíos en La Mina orquestaron la okupación de julio de 2017.
"El proyecto de remodelación del edificio Venus y otros igual de degradados --cuyas 244 familias debían ser realojadas a los pisos tomados el pasado verano-- está parado. Las ocupaciones de las viviendas de las familias afectadas, están varadas en cinco juzgados diferentes", han indicado.
Los activistas vecinales son más críticos. "Sigue habiendo armonía entre las actuaciones de los clanes de la vigilancia y el ayuntamiento. El consorcio denunció mal las okupaciones y por eso se retrasó el proceso. Cinco salas distintas llevan los casos. Los expedientes se están demorando. Nadie dice que haya concertación, pero una y otra vez el consistorio y los clanes criminales acaban confluyendo en cada escenario", han remachado.
