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Maria Eugènia Gay / PABLO MIRANZO

Eugènia Gay: “El Colegio de Abogados no es una institución para hacer política”

La decana reclama el desarrollo del Pacto de Estado para la Justicia de 2001 y considera que su mandato ha sentado las bases para acentuar el perfil social de la organización colegial

15 min

Maria Eugènia Gay (Barcelona, 1975) se presenta a la reelección como decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Lo hace con un programa con el que quiere consolidar las iniciativas llevadas a cabo durante sus cuatro años de mandato. Apuesta por una institución "libre e independiente" y recuerda que "en Roma ya se decía que una justicia lenta, no es justicia". De ahí su empeño en una formación de excelencia y la digitalización. Y, sobre todo, en un colegio "más social".

--Pregunta: ¿Qué le ha faltado por hacer en estos cuatro años de mandato?

--Respuesta: Han sido cuatro años muy intensos. No hemos parado, no solo respecto a la relación entre abogados y abogadas, sino en el impulso de la modernización de la institución. Creo que hemos logrado hacerla más cercana, más abierta, progresista, transversal. Y, sobre todo, mejor comunicada. Hemos aplicado un programa centrado en la transparencia, la formación, la transformación digital, más profesionalización y protección del abogado del turno de oficio. Hemos situado el colegio como una institución de referencia en el ámbito nacional y europeo. Ahora nos queda consolidar todo eso. Nos ha quedado un escenario muy positivo para seguir trabajando y colaborando con otras instituciones, de la sociedad civil y también con la Consejería de Justicia, el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial… Con base en esta actividad, hemos elaborado un programa para poder consolidar un colegio más solidario, más participativo, más generoso, innovador y tecnológico. Y, sobre todo, más cercano.

Gay: "El Colegio de la Abogacía no es una institución para hacer política"

--Su mandato ha coincidido con el Covid. ¿Cómo se ha adaptado el colegio a esa pandemia? ¿Qué lecciones les deja?

--El colegio supo adaptarse muy rápidamente a las nuevas circunstancias del confinamiento. Seguimos prestando los servicios que se venían dando. Biblioteca, formación, comisiones… El primer objetivo fue garantizar la salud de la abogacía. Gracias a la colaboración del turno de oficio, la juez decana y los Mossos d'Esquadra se garantizó la asistencia letrada al detenido en comisaría, su derecho de defensa, pero en condiciones sanitarias óptimas. Ahí las videoconferencias jugaron un papel clave. Por eso es tan importante tener una buena conexión a internet en todos los despachos y que los abogados conozcan todas las herramientas tecnológicas a su alcance. En el colegio vamos a instaurar nuevas salas de videoconferencia para los letrados que no tienen acceso a esos medios. Cataluña es pionera en la implantación de videoconferencia en centros penitenciarios. Hemos trabajado mucho en una formación de excelencia a través de más de cien conferencias con formato webinar durante 2020, con más de 50.000 asistentes. Hemos tenido 1,5 millones de descargas de podcasts en la web.

--¿Ese trabajo en formación en excelencia va acompasado con una Administración de Justicia que siempre se ha considerado decimonónica?

--Me gusta que me hagas esta pregunta. La abogacía debe estar preparada para afrontar esta digitalización ante una Administración de Justicia que durante el estado de alarma ha tenido que parar los servicios, excepto en casos esenciales que afectaban a derechos fundamentales o laborales. Eso nos ha demostrado que no estamos preparados para afrontar esa justicia del siglo XXI, que debe ser eficaz, moderna y cercana. En Roma ya se decía que una justicia lenta, no es justicia. Parece que no acabamos de dar ese paso definitivo tan necesario. Ahora parece que se va a aprobar el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, que contempla una serie de mecanismos y usos como la mediación para desatascar juzgados y unificaciones de criterio. Es muy importante el papel activo de la abogacía reivindicando que la justicia es un servicio público que debe ser de calidad. Somos un operador más, pero muy importante en la necesaria colaboración entre las instituciones públicas.

--Hablaba de servicio público. Se tiene la imagen del abogado como un profesional caro, al que es difícil acudir y eso crea desigualdad. Que está mejor defendido quien se puede pagar un abogado frente a un turno de oficio que, al ser gratuito, se considera menos eficiente.

--Eso son prejuicios que tiene la ciudadanía y que el colegio combate. El turno de oficio de Barcelona está compuesto por 3.800 personas que prestan un servicio de calidad extraordinario, con una formación de primer nivel. Es el ordenamiento jurídico el que encomienda a la abogacía garantizar un derecho fundamental que contemplan la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. Los abogados gestionamos ese derecho de defensa, por eso insistimos en la importancia de la formación. Es importante que el colegio ayude a superar esos prejuicios.

--¿Ha sufrido intentos de politización del colegio durante su mandato?

--Yo represento a un colectivo de 25.000 abogados y abogadas, cada uno tiene su especialidad en el ámbito del Derecho, su sensibilidad y su ideología política. Todas ellas son respetables y se deben proteger y respetar. Nuestro colegio es la máxima expresión de la democracia. Hay abogados que militan en partidos políticos que son más activos, que han tenido cargo o han formado parte de listas electorales, y es absolutamente respetable. Pero deben entender que el Colegio de la Abogacía no es una institución para hacer política entendida como tal, sino que se tiene que hacer política colegial para hacer crecer la profesión, actuar en beneficio de la misma. Debemos ser muy claros y concisos en esos límites. Durante cuatro años he defendido la neutralidad de la institución y su transversalidad. Por eso, mi candidatura está compuesta por compañeros y compañeras muy profesionales, de diferentes sensibilidades, cada uno tiene su ideología y eso no es algo que me preocupe o afecte.

Gay, durante la entrevista con Crónica Global

--A usted la criticaron por organizar un desayuno de ‘homenaje’ a Artur Mas, pero también por plantar cara a Roger Torrent (expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa) por su discurso muy político. ¿Cómo se lleva eso?

--Debes tener una junta que te apoye y yo tengo un equipo que ha apostado muy fuerte por mí, con el que además hemos consensuado todas las decisiones tomadas. Es importante tener criterio independiente y libre. Hacer lo que crees que debes hacer para proteger los intereses de la profesión, lo que en ocasiones puede molestar más a unos que a otros. Hay que tener un carácter fuerte. Hubo momentos complejos de mucha crítica política, pero no hubo una crítica colegial. Ha habido políticos que han emitido críticas hacia la figura de la decana, hacia la institución, y creo que debemos ser capaces de protegernos. Hablamos de mantener libre e independiente la institución, lejos del poder. En todo caso, el colegio actúa enfrentado al poder, porque debe reivindicar los intereses de su profesión.

--¿Cuáles son los ejes de su programa electoral?

--Queremos consolidar las iniciativas solidarias. Queremos crear un Observatorio del Derecho de las Personas. Tras la crisis económica de 2008 y ahora el Covid, nos hemos encontrado con familias, autónomos, mujeres y personas vulnerables cuyos derechos se han visto afectados. Por ejemplo, el derecho al trabajo o a la vivienda. La imposibilidad de cumplir con los contratos va a dar lugar a muchos desahucios. El Covid ha provocado colapsos en la tramitación de ayudas, ERTE… El 90% de los contratos laborales son temporales. Debemos reflexionar, analizar y dar propuestas para revertir esas situaciones. Con la base creada, podemos tener un Colegio más social. También queremos consolidar nuestra Alianza para la Segunda Oportunidad, que firmamos con otras entidades –Pimec, Observatorio Desc, Cáritas y cámaras de comercio, entre otras--, con la finalidad de que el empresario sepa que puede rehacer su situación económica. Crearemos un Observatorio de la Insolvencia Personal para poder asistir con excelencia a la ciudadanía y promover esa ley de la segunda oportunidad. Asimismo, proponemos un centro de investigación y desarrollo del derecho. El colegio quiere ser un clúster de investigación y ser referente en el ámbito internacional con catedráticos, magistrados, procuradores y ponentes extraordinarios. Generar un centro de debate más sólido para proponer reformas legislativas a los poderes públicos. La abogacía debe tener un papel más activo en las propuestas legislativas.

--Hay quien dice que la justicia no da votos.

--Esto es así de triste. Porque es triste la situación de colapso que tenemos en la justicia española. Debemos ser conscientes de que la unidad es fundamental. Hay muchas comunidades autónomas con las competencias de Justicia delegadas. Por tanto debe ser muy importante la coordinación, el entendimiento entre todos los poderes políticos para hacer una Justicia más fuerte, resolutiva, eficaz, moderna, eficiente. Que dé la respuesta que se merece a la ciudadanía de un Estado de derecho. Hay que retomar el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001, que fue fruto de un acuerdo, pero muchos de sus puntos no fueron desarrollados. Esto se tiene que poner sobre la mesa. Los gobernantes deben saber que no se ha invertido lo suficiente para que ese pacto se pudiera desarrollar. Porque la transformación digital ya estaba contemplada en ese pacto. Y hemos tenido unos juzgados que han tenido que cerrar durante la pandemia. El expediente digital electrónico era una urgencia en 2001 y han transcurrido veinte años. Se ha avanzado muchísimo, desde luego. Pero queda mucho por hacer.

--¿Cuestión de dinero?

--El Ministerio de Justicia tiene el presupuesto que tiene, que sin duda es insuficiente porque necesitamos reivindicar al Estado, y todos los partidos políticos deben ser conscientes, de que la Justicia en España tiene que cambiar. Es necesaria una inversión decidida y valiente que permita reformar todo el sistema judicial. Hay que aumentar el número de jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa son 50 y aquí estamos en 11. Reforzar las fiscalías. Esa inversión debe estar presionada por todos los operadores jurídicos. Hasta que el Estado no sea consciente de que la justicia es un servicio público, no vamos a cambiar, vamos a ir poniendo parches. La percepción que tiene el ciudadano de la justicia no es positiva.

--El independentismo insiste en que la justicia española es represiva, que no es democrática.

--Vivimos en un país democrático en el que existe separación de poderes. Sin duda, todo es mejorable y velar por la independencia judicial debe ser una prioridad.

--¿Que una mujer sea decana es una excepción?

--En nuestra sociedad existen todavía muchas desigualdades, algunas provocadas por el rol de géneros. La mujer cuida de la casa y de los hijos. También debemos tener en cuenta elementos como la brecha salarial, estamos en de un 20%, y el techo de cristal que se deben combatir. En el ámbito judicial, el 53% son mujeres, pero solo acceden a cargos de responsabilidad en despachos de abogados entre un 17 y un 22%, mientras que en la judicatura solo llegan un 20%. Este escenario, unido a que todavía hay sesgos machistas a combatir, nos obliga a ser garantes del derecho de defensa. Este fue mi planteamiento cuando fui nombrada decana del Colegio de Abogados, reivindicarnos como defensores de la igualdad. En todos los ámbitos. Esto debe venir acompañado de que las mujeres den un paso adelante, que sean valientes, que opten a cargos electos, a dirigir empresas y puestos de responsabilidad. Pero las condiciones de conciliación deben ser las adecuadas. Luchas por una sociedad más justa, progresista e igualitaria.