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El juez Juli Solaz en una imagen de archivo y el expresidente de la Fundación Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet, junto a Jordi Montull / CG

El juez Solaz limitó la información al fiscal del 'caso Millet'

El primer magistrado que instruyó la acusa prohibió por escrito al nuevo gestor del palau que informase al ministerio público de sus averiguaciones

6 min

El que fuera presidente del Palau de la Música tras la época de Millet y Montull jamás fue citado a declarar por el juez que inició la investigación del escándalo, Juli Solaz. Jamás. Joan Llinares se cansó de enviar informes contables, facturas falsas, manipuladas e infladas, auditorías de todo tipo, incluso manuscritos de puño y letra del propio Millet donde relataba sus tejemanejes. La información que obtenía Llinares fue la gasolina que impulsó el caso Palau.

Pues bien. Nunca fue citado por el juez. Nunca tuvo la oportunidad de ratificar sus innumerables informes ni de aportar su privilegiado punto de vista al respecto del avance de la indagaciones y del papel que cada uno jugaba en esa trama oscura que dirigió Millet. La única vez que el juez se dirigió a él fue para advertirle de que no volviera a informar de sus averiguaciones al fiscal. Llinares abandonó la gestión del Palau el día 31 de diciembre del 2010.

Fiscalía y poco más

Sólo la fiscalía le hizo caso. Y sólo el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que siempre intuyó que desde el Palau se repartía dinero para uso de particulares y para la financiación de campañas electorales de CiU, puso en valor los informes de Llinares.

El gestor de consenso logró inmovilizar los tres millones que estaban a punto de pagarse por la operación del local situado frente al Palau. Recuperó otro millón y medio de euros de las cajas fuertes ocultas en las catacumbas del palacio e identificó el destino de otros site millones de euros que Millet y Montull (y los suyos) se gastaron alegremente en viajes, regalos y prebendas de todo tipo.

Quedan más de nueve millones de euros, sustraídos del Palau, en paradero desconocido pero al aparato de la justicia eso no parece preocuparle demasiado.

Los nueve millones desaparecidos por arte de birlibirloque sitúan a los delincuentes confesos, Millet y Montull, como unos vulgares Dionis, que esperan (a pesar de su edad) a que se disipe la tormenta para recuperar ese dinerito que un día escondieron en un agujero secreto, por si venían mal dadas.

Pesimistas ante el juicio

Los que han investigado el asunto del Palau de la Música reconocen haberse topado con lo más putrefacto de la condición humana. Algunos de los que durante siete años investigaron el caso (o al menos los intentaron hasta donde pudieron hacerlo) han explicado a este medio que no son muy optimistas, que los cortafuegos que blindan a la cúpula dominante de la antigua CDC han funcionado a la perfección, que la instrucción judicial es tan delirante que casi se resquebraja, y ponen por ejemplo la patética (así la califican) entrada y registro de los Mossos en el domicilio de Millet cuatro años después de la entrada en el Palau. Según el atestado policial, encontraron un cuadro sin factura y los platos sucios en el lavavajillas.

El escándalo de financiación política más ingente y descarado de la reciente historia democrática de Cataluña llega a juicio.

Precedente nada reconfortante para la fiscalía

Sólo hay un precedente judicial vinculado a Millet y los suyos. Es el llamado caso del Hotel del Palau, por el que una joven juez, a la que algunos compañeros suyos, barones y veteranos, consideraban poco menos que dúctil e influenciable, ordenó el ingreso en prisión preventiva de Millet y Montull. La juez y el fiscal acreditaron un mordida de 900.000 euros que pagó el constructor de la empresa Olivia a los dos capos del Palau.

Sus abogados estiraron la goma de la justicia todo lo que pudieron y más hasta que lograron que el Supremo archivara la causa. El argumento del Alto tribunal fue que los 895.000 euros que se embolsaron Millet y Montull de parte del constructor lo fueron en concepto de pago por los servicios prestados.

Durante la instrucción y el juicio, ni el constructor reconoció el pago, ni los ellos la recepción de ese dinero. Sí lo vio la juez, el fiscal y la Guardia Civil y, naturalmente, también el Supremo que, sin embargo, no calificó ese pago como de soborno o mordida.

Con esa situación precedente, nada halagüeña para la acusación, el caso Palau llega a juicio.