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Imagen de la estación de la Martona, donde fue destinado el funcionario de Cádiz.

El funcionario que cobró seis años sin trabajar, solo devuelve uno

El empleado del Ayuntamiento de Cádiz ha entregado 27.000€ equivalentes a una anualidad, la pena máxima que prevé la ley

Redacción
3 min

El funcionario de Cádiz que fue condenado por haber cobrado su nómina sin haber asistido a una sola jornada de trabajo en su oficina en seis años ha devuelto al ayuntamiento gaditano 27.000 euros en aplicación de una sentencia del juzgado contencioso administrativo.

Según ha explicado el primer teniente de alcalde, Martín Vila, en rueda de prensa, el empleado público va a devolver las nóminas que cobró de manera "indebida" por no asistir a su trabajo durante ese tiempo, aunque el área de Personal del Ayuntamiento de Cádiz sigue estudiando si se pueden hacer nuevas reclamaciones por esta singular situación.

Etapa anterior

"La jefatura de Personal tomó en su momento las medidas oportunas, trasladamos a la ciudadanía lo que había ocurrido durante el anterior mandato y de cómo se habían hecho las cosas en anteriores etapas", ha explicado Vila, quien lamenta "el coste para el erario público de estas prácticas".

Hace unos meses, la sentencia del juzgado contencioso administrativo sacó a la luz un caso que reveló que un empleado de la empresa municipal Aguas de Cádiz había estado cobrando cerca de 3.000 euros mensuales durante seis años sin haber pisado ni un solo día las oficinas de esta compañía.

El equívoco de dos destinos

El trabajador, que era funcionario del consistorio y fue destinado en su día en comisión de servicio a la empresa de aguas, debía hacerse cargo de una estación depuradora, pero ni aparecía en la estación ni en el despacho que tenía en la sede de Aguas de Cádiz, una situación de la que el ayuntamiento tardó en percatarse seis años, hasta que se le abrió una sanción por falta muy grave.

Ahora, tras destaparse todo este asunto, y con el fallo del juzgado, el empleado público ha devuelto 27.000 euros, que es la cantidad correspondiente a un año trabajado, el máximo que permite la sanción, según los sindicatos.

Autonomía Obrera ha culpado de esta situación al funcionario, pero también a los anteriores gestores de Aguas de Cádiz, entonces bajo el mandato del PP, por no haber controlado cómo se gastaba el dinero público en estas empresa municipal.