El coste de la tarjeta sanitaria de Rajoy supera los 1.157 millones

La vuelta a la sanidad universal, devolviendo la tarjeta sanitaria física anulada en 2012 a 150.000 inmigrantes irregulares, tendría un coste anual de 240 millones de euros. Una partida similar a la suma del presupuesto de 2016 para los afamados viajes del Imserso (117) y para el “hombre del tiempo” (Aemet) (122).

Pero, de paso, se abriría la puerta a su concesión a otros 310.000 extranjeros comunitarios residentes en España, a veces simples turistas y viajeros. Y la cuantía para las arcas públicas --Gobierno central y autonómicos-- subiría a los 1.157 millones. 

Un cálculo difícil

Los cálculos sobre los sin papeles toman como base el gasto medio de un ciudadano español en servicios sanitarios, unos 1.600 euros al año. Eso a pesar de que algunos estudios han demostrado que el colectivo inmigrante, más joven y austero, gasta menos.

El departamento que dirigía Ana Mato en el 2012 cifraba en otros 917 millones el coste de la “atención a extranjeros, 306.477. Sin contabilizar los de países no comunitarios o sin convenio ni tampoco el llamado turismo sanitario en su vertiente picaresca, venir de propio a operarse o usar la tarjeta en su país y cargarle los gastos al Estado español.

Encuentro con los consejeros

Este es el marrón económico que el Ejecutivo de Rajoy lidiará la próxima semana, “buscando la fórmula más adecuada y consensuada”, según fuentes de Génova, con los consejeros de sanidad, especialmente de las comunidades que han cambiado de color político: Aragón, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Navarra y Castilla-La Mancha.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, también deberá afrontar la papeleta política de convencer a una opinión pública, casi a pie de urnas, y a mandatarios del propio PP en Galicia, Castilla y León y ahora Madrid. Más difícil lo tiene con los nacionalistas de Euskadi y Cataluña, y los socialistas de Andalucía y Asturias que han aplicado lo mínimo de lo mínimo el polémico decreto 16/2012 de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, que asoció la cobertura sanitaria al aseguramiento en la Seguridad Social. 

El conflicto con la Unión Europea

Esta vinculación dejó fuera a los ciudadanos de la UE que usaban gratis la sanidad española, el llamado turismo sanitario. Por eso, el Ministerio de Sanidad argumenta que si se da tarjeta a los inmigrantes irregulares, los comunitarios también podrían exigirla por sentirse discriminados y usarla gratis “en lugar de buscarse sus seguros o tarjetas de sus países”.

Y las comunidades no podrían negarse. “Podemos dar sanidad primaria gratis a los senegaleses y a los alemanes no, pero eso nos mandaría a los titulares de toda Europa”, comenta

Sanidad básica

En la Unión Europea los inmigrantes irregulares sólo tienen derecho a sanidad básica. Para tener tarjeta sanitaria hay que disponer por lo menos permiso de trabajo.

El número dos del departamento de Alonso, Rubén Moreno, ex alto cargo de la sanidad valencia, no se ha mordido la lengua al anunciar que el Gobierno estudiará a través de la abogacía del Estado si la normas impulsadas por las comunidades autónomas invaden competencias estatales o vulneran la Constitución. “En ese caso, --ha advertido-- el Estado tendrá que actuar, ya que la Comisión Europea podría imponer multas millonarias a España”.