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El yate Nirvana, de Vladimir Potanin, uno de los oligarcas rusos bajo la lupa / CG

Estados Unidos abre la veda de incautar yates a oligarcas rusos en los puertos españoles

La existencia de los acuerdos de cooperación judicial internacional a nivel estatal y europeo avalan la asistencia a las solicitudes de la justicia de ese país

Ignasi Jorro / Jordi Nieto
6 min

La incautación del yate del oligarca ruso Viktor Vekselberg en el puerto de Palma de Mallorca no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de un procedimiento legal común. Consultados por Crónica Global, abogados maritimistas coinciden en remarcar que se pueden seguir llevando a cabo embargos e inmovilizaciones de activos a multimillonarios cercanos al presidente ruso Vladímir Putin --a pesar de que no estén sancionados por la Unión Europea (UE)--, siempre que Estados Unidos lo solicite a tenor del Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos, firmado por ambos países el 20 de noviembre de 1990, y publicado en el BOE con fecha del 23 de abril de 1993. Es decir, el paso que se ha dado en baleares abre la veda de que se repita la acción con otras propiedades. 

En efecto, este instrumento pivota sobre la obligatoriedad adquirida por los Estados contratantes a la cooperación judicial internacional, al prestarse asistencia mutua en cuanto se refiere a las investigaciones y procedimientos en materia penal seguidos en cualquiera de ellos. Asimismo, dicho marco también queda contemplado por el Acuerdo de asistencia judicial mutua de la Unión Europea con los Estados Unidos.

El amparo de los acuerdos internacionales

Esta última normativa, entrada en vigor el 1 de febrero de 2010, tiene como objetivo funcionar como complemento a los tratados bilaterales celebrados entre los países de la UE y los EEUU, así como reglar las relaciones entre los países de la comunidad política y el país norteamericano que carezcan de pactos en común. De este modo, entre los rubricantes queda establecida, pues, la asistencia judicial mutua, la asistencia a las autoridades administrativas y la protección de datos.

Los agentes acceden al interior del Tango, atracado en el puerto de Palma /GC
Los agentes acceden al interior del Tango, atracado en el puerto de Palma /GC

De hecho, en el marco estatal, la asistencia comprenderá, en particular, la recepción de testimonio o declaraciones; la facilitación de documentos, antecedentes y elementos de prueba; la notificación de documentos; la localización o identificación de personas u objetos; el traslado de personas detenidas a los efectos de prestación de testimonio u otros. Entre ellos, la ejecución de órdenes de registro y embargo, así como la inmovilización de activos y las diligencias relativas a embargos e indemnizaciones.

Objeto del tratado entre España y Estados Unidos 

También quedan comprendidas la posibilidad de iniciar procedimientos criminales en el Estado requerido o cualquier otra forma de asistencia no prohibida en la legislación del Estado requerido. De este modo, la petición de auxilio realizada por un juez estadounidense a la justicia española en forma de comisión rogatoria, que solicitaba la incautación del bajel de Vekselberg en la rada balear, ha podido ser ejecutada en cumplimiento del artículo 1, objeto del tratado entre España y los EEUU, alcanzado en 1990. 

La Guardia Civil ha dado a conocer que la actuación llevada a cabo en el puerto mallorquín ha contado con la participación de agentes del FBI y de la Homeland Security Investigations (HSI). En concreto, el operativo ha sido desarrollado conjuntamente por la Jefatura de Información (UCE-3) de la Guardia Civil, el Grupo de Información de la Zona de la Guardia Civil de Illes de Baleares y miembros de las agencias federales FBI y Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

Tres yates y un amarre

Este zarpazo policial tiene una derivada: se trata de la primera incautación de un yate que no guarda relación directa con las sanciones impuestas por la Unión Europea a los oligarcas rusos, sino el paquete de castigo aprobado por el Tesoro de Estados Unidos. Con ello, España colabora con un tercer país, la potencia económica, para implementar las medidas de presión a grandes empresarios rusos que se consideran cercanos al régimen del presidente ruso Vladímir Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, con Sergey Chemezov / Kremlin
El presidente ruso, Vladimir Putin, con Sergey Chemezov / Kremlin

Antes, el Estado ya castigó activos de Sergey Chemezov, el yate Valerie, de 140 metros de eslora; Alexander Mikheev, el Lady Anastasia, y el yate Crescent, de propiedad desconocida, aunque sospechoso de ser del entorno del propio Putin, como explicó este medio. Asimismo, el Puerto de Barcelona propuso para embargo el amarre del magnate Alisher Usmánov en la Marina Port Vell, aunque no se han tomado medidas contra este punto de atraque, que utiliza Dilbar, la nave del alto directivo.