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Una mujer se protege del Covid con una mascarilla / EP

El drama de las bajas laborales por Covid de larga duración

Los enfermos con secuelas corren el riesgo de quedarse sin cobertura por la falta de protocolos públicos

5 min

Aunque corran los meses, para ellos todo sigue igual. Los afectados por Covid persistente siguen sufriendo las secuelas del virus un año después del estallido de la pandemia. Se estima que cerca del 5% de contagiados desarrolla un cuadro sintomático que no remite con el paso del tiempo, sino que incluso puede llegar a acenturarse.

A los problemas de salud, este grupo suma ahora un nuevo desafío: ¿qué sucederá con su baja laboral? La mayoría de personas con Covid de larga duración --long Covid es la expresión inglesa usada por los enfermos-- goza ahora mismo de una baja por incapacidad temporal. Pero la expiración de muchos de estos permisos, sobre todo para aquellos que contrajeron el patógeno durante la primera ola, siembra dudas en el colectivo.

Prorrogar las bajas

En España, la legislación establece que las bajas solo pueden durar 12 meses, prorrogables por otros seis siempre que el trabajador demuestre un cuadro médico grave. Pero esta evaluación no la realizan los médicos de cabecera, sino los profesionales del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM).

Aquí es donde empiezan las dificultades. La falta de un protocolo público deja la cobertura a criterio de cada sanitario o, en el mejor de los casos, al silencio administrativo. Sílvia Soler, miembro del colectivo catalán de Covid persistente, denuncia la casuística provocada por esta ausencia de directrices. "Hay personas a las que están dando de alta. Yo tuve suerte, pero hay otros afectados a los que no se ha prorrogado la baja", explica.

Falta de sensibilidad

"No nacimos para pedir prestaciones, sino para curarnos. Pero pediremos sensibilidad en todos los ámbitos en los cuales nos traten", advierte Soler. Se da el caso, además, de que la mayoría de estas personas perciben su incapacidad por contingencias comunes, no por causa laboral --la diferencia entre una y otra prestación es del 15% sobre el salario base--, dada la dificultad de demostrar que se infectaron del virus en su puesto de trabajo.

Personal sanitario prepara una dosis de la vacuna de AtraZeneca contra el Covid / EUROPA PRESS

 

 

Personal sanitario prepara una dosis de la vacuna de AtraZeneca contra el Covid / EUROPA PRESS

Actualmente, solo el personal sociosanitario cuenta con un plus de seguridad al haberse aprobado vía decreto que sus bajas por Covid-19 revistan carácter de enfermedad profesional. El resto de ocupaciones no cuenta con este estatus. Por tanto, cuando pasen el examen para ampliar su incapacidad temporal tendrán menos garantías de lograr un dictamen positivo.

Dudas sobre la invalidez

A este brete se suma aún otra duda. Cuando venzan los 18 meses máximos de baja temporal, ¿qué sucederá con los empleados que no puedan reincorporarse al trabajo? Laboralistas consultados por Crónica Global ven complicado que accedan a una incapacidad laboral permanente.

El abogado David Ibáñez, miembro del bufete Espinet-Ibáñez Advocats, apunta que todo dependerá, una vez más, del perfil concreto del perjudicado. "Pensemos en el caso de un cocinero que ha perdido el olfato. Está claro que no puede seguir trabajando como tal. Pero habrá otros muchos expedientes en los que se establecerá como mucho una invalidez parcial", argumenta.

Sin protocolos públicos

El letrado considera que será difícil obtener invalideces absolutas, a lo sumo parciales. Lo mismo opina Pau Estévez, letrado del Colectivo Ronda que precisamente ha asesorado al grupo catalán de long Covid. "En los siguientes meses nos encontraremos con todo tipo de situaciones. Habrá mucha casuística en un ICAM que ya está desbordado", aventura.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado las "diversas normas para mejorar la protección a profesionales sanitarios y sociosanitarios". Pero no ha entrado a valorar la miríada de casos particulares en otros sectores. Por el momento, la Administración solo vela por el colchón social si los afectados visten bata blanca.