Menú Buscar
Miembros de la empresa de seguridad Desokupa, que abrirá siete franquicias en 2017 / CG

Desokupa, el 'terror' de los okupas: "Abriremos siete franquicias este año"

La empresa de desahucios de Barcelona llegará en 2017 a los cinco millones de facturación y avisa a los antisistema: "No tenemos miedo"

5 min

Habla Desokupa, el terror de los okupas. La empresa de seguridad especializada en usurpaciones de pisos se prepara para expandirse porque el negocio "crece exponencialmente". Este año abrirá siete franquicias; las tres primeras, ya apalabradas, en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La firma, que empezó su andadura en 2014, emplea a 14 personas y ha construido una cartera de más de 200 clientes desde una discreta oficina en Barcelona.

En este mismo despacho, Daniel Esteve, director de seguridad de Desokupa, explica cuán boyante es el negocio. "Recibimos más de 60 llamadas al día", admite.

Esteve coordina dos equipos de intervención que están en movimiento todo el día. Según ellos, su índice de efectividad es del 92%.

Esteve gestiona la parte operativa de Desokupa. En la trastienda, J. pilota discretamente la expansión del proyecto. "Abriremos franquicias por toda España para asegurar la calidad de las intervenciones. Es mejor siempre tener a alguien sobre el terreno", argumenta.

El directivo, que prefiere no aparecer en cámara, no esconde la ambición del pequeño grupo. "Estamos renovando la web para que con un simple formulario de 26 preguntas puedas detectar qué solución tienes para la okupación de tu propiedad. ¿Qué más? En el futuro nos gustaría ser una empresa análoga a los seguros médicos: yo compro mi piso y un seguro contra las okupaciones. Una garantía que, llegado el momento, activa nuestro servicio", reconoce. 

Ello queda aún lejos. De momento, Desokupa "está en beneficios" y facturará cinco millones de euros este año.

Pero, ¿qué hace Desokupa?

Esteve y J. explican su foco de negocio y qué soluciones ofrecen. "Nos dedicamos a mediar en entradas ilegales en viviendas. El 70% de las okupaciones que gestionamos acaba con una mediación con los inquilinos. En el 30% restante, montamos un control de acceso en el edificio tomado", explica el jefe de seguridad.

Abundando en su trabajo, J. subraya que los pisos tomados ilegalmente por familias necesitadas son una minoría. "Sólo el 10% de las 300.000 okupaciones que existen en España son de familias en riesgo de exclusión social. Y Desokupa no interviene en ninguno de estos casos. No nos dedicamos a sacar familias", aclara el directivo.

¿Sobre quién pone el ojo la compañía? "Carteristas que montan allí su cuartel general. Mafias que cortan y reparten la droga desde pisos okupados. Gente que toma una red de inmuebles de forma ilegal y después los realquila", enumera Esteve.

Legalidad

Cuando una persona o grupo de personas entra ilegalmente en un piso, ¿Desokupa lo puede recuperar por la fuerza? "Rotundamente no. La ley lo prohíbe. Lo que sí podemos hacer es pedir las escrituras al legítimo propietario y firmar un contrato de servicios. Con esta base legal, mediamos en el conflicto o, si hace falta, montamos un control de acceso en el inmueble", indican.

Las medidas disuasorias del grupo --ellos subrayan que "legales"'-- les llevan a dos escenarios. Uno, a tener una "buena relación", según su versión, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Ven que trabajamos bien y legal. Tenemos un fuerte vínculo", admiten.

¿Extremistas? "No"

El segundo plano es menos agradable. El colectivo anticapitalista los ve vinculados a la extrema derecha e incluso a paramilitares de Europa del Este.

"Han intentado mancillar nuestra imagen porque un trabajador participó en una guerra. Pero la realidad es que no hay nada. Son datos cogidos de aquí y de allá para montar prensa amarilla. Lo cierto es que el equipo lo forma gente profesional del sector de la seguridad privada", se defiende el líder de Desokupa.

El Ayuntamiento de Barcelona investiga su legalidad. La comisión de Interior del Parlament hace lo propio. El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se ha querellado contra la mercantil.

"No tenemos ningún miedo. Lo que hacemos es perfectamente legal y está avalado por decenas de despachos de abogados. Lo que no es legal es asaltar viviendas por la fuerza. Con el fin, en la mayoría de los casos, de esconder otros actos ilícitos que quedan tapados por la propia okupación", concluye J.