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Activistas celebran el aplazamiento del desahucio de una mujer recién operada en Barcelona / SINDICAT HABITATGE NOU BARRIS

Aplazado el desahucio de una mujer recién operada en Barcelona

La comitiva judicial, escoltada por Mossos d'Esquadra, abandona el inmueble después de verificar que la afectada "necesita reposo"

3 min

Activistas del Sindicat d'Habitatge de Nou Barris celebran este miércoles la suspensión del desahucio de Luisa, una mujer a la que operaron la pasada jornada, y que contaba con una orden de lanzamiento de la vivienda donde reside, en el 33 de la calle Pou de Barcelona.

Tras tres horas y media en las que la comitiva judicial, escoltada por efectivos de Mossos d'Esquadra, ha permanecido junto al inmueble, se ha paralizado el desalojo de la mujer. Una decisión después de que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) verificase que, tras la intervención, la inquilina "necesita reposo". La nueva orden de desahucio se ha fijado para el próximo 26 de enero.

Alojamiento de emergencia

Por su parte, desde el consistorio de Barcelona han detallado a este medio que Servicios Sociales hace seguimiento de la situación de Luisa y que, en caso de ser finalmente desalojada, se le proporcionará un alojamiento de emergencia.

La unidad de desahucios ha tratado de llegar a un acuerdo con la propiedad para impedirlo. Una tarea que llevan a cabo, subrayan desde el ayuntamiento, "hasta el último momento, desde la puerta de la vivienda, en la fecha del lanzamiento". Algo que también ha sucedido este miércoles.

Desalojo de cuatro familias en Sants

Un acuerdo que no llegó hace 24 horas, cuando vecinos de Sants denunciaron el desalojo de cuatro familias vulnerables de un bloque apodado Gayarre. Tras la ejecución de la orden judicial, el regidor Marc Serra cargó contra el consejero de Interior, Miquel Sàmper, por el dispositivo "desproporcionado" de antidisturbios ante el inmueble, y exigió al Gobierno central la paralización de todos los lanzamientos.

En este caso, el ayuntamiento remitió una misiva a la propiedad de la vivienda el pasado 11 de diciembre. Su intención era garantizar a los dueños el "cobro íntegro de los alquileres de las cuatro familias". Aseguran que esta era una solución temporal hasta que los afectados pudiesen acceder a "pisos públicos de la Mesa de Emergencia", pero no surtió efecto.

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