Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
Carpas Drinkking, en Sant Cugat, que ha cerrado sus puertas por una orden de desahucio / GOOGLE STREET VIEW

Desahucian la discoteca Drinkking Lemon de Sant Cugat por impago

La patronal de restauración y ocio nocturno pide la nulidad del acto porque el juez "no notificó" la orden de desalojo a la empresa Nitsab S.L

3 min

La discoteca Drinkking Lemon de Sant Cugat cierra sus puertas. Y lo hace después de que el juzgado número ocho de Rubí haya ordenado ejecutar una orden de desahucio por una deuda de 4,5 millones de euros al ayuntamiento por el uso del terreno municipal. 

El local, situado en la carretera de Rubí, lleva desde el año 2006 sin pagar las cuotas por el uso del terreno. Este jueves se ha llevado a cabo el desalojo, pese a los intentos de la empresa concesionaria de retrasarlo. 

Fesacarm estudia acciones penales

Sin embargo, ha sido un desahucio polémico, ya que la explotadora de la discoteca asegura no haber tenido conocimiento del desahucio hasta hace dos días. Así lo denuncian desde la patronal de restauración y ocio nocturno (Fesacarm), que en declaraciones a Crónica Global ha anunciado estar estudiando "pedir la nulidad del acto y acciones administrativas y penales contra el juez". 

"Se ha cometido una injusticia porque, además, el juez conocía que había un tercero que no había recibido la orden de desahucio", asegura Joaquim Boadas, secretario general de la patronal, refiriéndose a la explotadora de la discoteca, la empresa Nitsab S.L. 

Sin trabajo de un día para otro

Desde este jueves, la discoteca está precintada y 60 personas se han quedado en la calle "de un día para otro", sin previo aviso, denuncian. También se sorprenderán las 5.000 personas que tenían previsto acudir este fin de semana al local. 

Joaquim Boadas, secretario general de la patronal del ocio nocturno Fecasarm / EP
Joaquim Boadas, secretario general de la patronal del ocio nocturno Fecasarm / EP

Boadas avisa de que este asunto "no quedará así" porque consideran que se ha producido un "atropello a los derechos fundamentales". Reconoce que existía una deuda por parte del arrendatario, pero también evidencia "mala fe procesal" al no haber notificado el desahucio a uno de los afectados con el suficiente margen de tiempo como para que pueda defenderse. 

Asimismo, lamenta que otras personas salgan perjudicadas con esta decisión. Y es que, según explican a este medio, en la misma finca donde estaba situada la discoteca "hay un taller mecánico de coches cuyo dueño, autónomo, se ha quedado sin trabajo".