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Un detenido durante el estado de alarma / MOSSOS

Denuncias por abusos policiales durante el estado de alarma

Entidades alertan de vulneraciones de derechos en los controles de los agentes por las restricciones de movilidad

7 min

Entidades y colectivos por los derechos humanos alertan de abusos y excesos policiales durante el estado de alarma. Situaciones que, según denuncian Iridia y SOS Racisme Catalunya se están repitiendo con el paso de los días. Entre ellas, la que sufrió un joven de 26 años, Mohamed Ezzakte, el pasado domingo, y contra la que ya ha interpuesto una denuncia.

Ezzakte, que reside en España desde 2006, explica que fue víctima de una agresión policial “gratuita y sin justificación alguna”. Y es que, según relata, su compañera salió de casa para ir a la compra y, cuando ésta regresaba, él salió a la puerta de su domicilio para ayudarla con las bolsas. Fue entonces cuando una patrulla de Mossos d’Esquadra que pasaba por la zona le recordó las restricciones de movilidad durante el estado de alarma.

Denuncia, golpe y detención

Hasta ahí, todo normal. Los agentes, explica el joven, le pidieron la documentación, que no llevaba encima, pero les facilitó sus datos. “Me dijeron que estaba denunciando por incumplir el real decreto. Pedí la hoja de la denuncia para poder recurrir y me dijeron que me fuese a mi casa”. Cuando este alegó que ya se encontraba en la portería de su casa, sostiene que uno de los efectivos le espetó: “puto tonto moro de mierda”.

Según Ezzakte, cuando él ya entraba en el edificio, mientras uno de los policías le agarró, el otro le asestó un golpe en el ojo “sin venir a cuento”. Tras ello, lo arrestaron por resistencia a la autoridad. Iridia reclama que el Departamento de Interior se explique por lo sucedido.

Multa por repartir comida

Este no ha sido el único incidente que ha encendido las alarmas de las entidades durante las restricciones de movilidad por la pandemia. El 9 de abril, una organización que reparte comida entre población vulnerable de Barcelona denunció que habían sido sancionados de nuevo, a su paso por el túnel de la Rovira. “La Guardia Urbana cursa una nueva multa a la Red de Cuidados Antirracistas que se encontraba terminando una de las cinco rutas de distribución de alimentos destinada a 100 personas migrantes”, denunciaron a través de un comunicado.

Una sanción que los agentes habrían impuesto a los voluntarios pese a que estos mostraron una autorización de SOS Racisme, “entidad a la que el Ayuntamiento de Barcelona contactó para que emitiera los certificados de movilidad y evitar nuevas sanciones”, puntualizan desde la entidad y critican la acción de la Urbana como un “acoso” a la iniciativa que ayuda a personas en situación de extrema vulnerabilidad. “El compromiso del consistorio de ordenar a su policía atender a las certificaciones de movilidad no ha sido efectivo. Las instituciones deben asegurar que sus cuerpos policiales no actúen con arbitrariedad y desconfianza frente a un proyecto que está señalando a las comunidades sobre las que más ha impactado la crisis sociosanitaria”, afirman desde la red.

Sanción “sin fundamento”

Es más, desde la organización alertan que la sanción se debió a una actitud “racista” por parte de los agentes ya que en el mismo control donde pararon a una de sus activistas, la Urbana dejó continuar la marcha “sin problemas” a otros dos vehículos. En cambio, esta voluntaria, “pese a llevar la certificación y la documentación que justificaba su actividad en aquel momento, fue cuestionada y sancionada sin ningún fundamento claro y como consecuencia del abuso de poder de los agentes”, han lamentado.

Reparto de alimentos de la asociación / Manu Mitro-Red de Cuidados Antirracistas
Reparto de alimentos de la asociación / Manu Mitro-Red de Cuidados Antirracistas

A falta de ultimar el recuento de casos, tanto Iridia como SOS Racisme admiten que en los últimos días se ha incrementado el número de denuncias que reciben por supuestos abusos policiales. Por eso, desde las organizaciones animan a la población a registrar estos incidentes y ponerlos en conocimiento de la administración, ya que consideran que la mejor manera de afrontarlos es precisamente "visibilizándolos".

Recabar pruebas

Andrés García Berrio, abogado defensor de derechos humanos, y miembro de Iridia, explica a Crónica Global que, en el caso de que alguien sea víctima de una sanción administrativa injusta, esta se remitirá al domicilio y se podrá recurrir. Para ello llama a recabar el máximo de pruebas posibles, tanto imágenes, como búsqueda de testigos que hayan presenciado la actuación policial.

En caso de que se produzca una agresión, tanto física como verbal, García Berrio recuerda que la persona afectada puede interponer una denuncia tanto ante los juzgados de guardia como en una comisaría de la policía autonómica, además de poder informar al Defensor del Pueblo o al Síndic de Greuges. “Tanto ante un delito contra la integridad física o moral se deben recabar pruebas: partes médicos, testigos, y podemos fijarnos si hay alguna cámara de un banco o establecimiento que haya registrado lo ocurrido”. Además, el letrado recuerda que las patrullas cuentan con un dispositivo de geolocalización, lo que permitirá saber qué policías se encontraban en el lugar y a la hora en que se ha producido una vulneración de derechos.