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Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, en rueda de prensa en el Parlament / EFE

Condena al Sindicat de Llogaters por coacciones a una propietaria

La justicia de Barcelona impone el pago de 720 euros a Esther Argelich por el acoso que sufrió en 2018 al intentar recuperar su vivienda

5 min

El Sindicat de Llogaters de Barcelona ha recibido una condena por coacciones a una propietaria de la ciudad que quería recuperar su vivienda en el barrio del Eixample. El infierno que la justicia ha probado que vivió Esther Argelich se remonta a 2018. Ese año, la propietaria del piso decidió finiquitar el alquiler que mantenía desde hacía 12 años. Pero se vio inmersa en un asedio que suscribió tanto la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, como primeras espadas de Podemos como las ministras Irene Montero e Ione Belarra y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

La persecución política incluyó vídeos que se viralizaron en redes sociales en los que acusaban a Argelich de ser una gran propietaria y de querer imponer subidas leoninas del contrato de alquiler a una familia vulnerable, la que formaban Juan y Livia. Además, divulgaron todos sus datos personales: su nombre, la vivienda donde estaba e incluso su lugar de trabajo. El relato que intentaron imponer, con todo, era el análogo a la realidad.

El infierno de la propietaria

El inmueble del que era propietaria era un piso heredado de sus padres de 140 metros cuadrados, cinco habitaciones y dos baños que alquilaba desde hacía 10 años a la misma familia. En ese tiempo no es que no les hubiera revisado al alza el contrato, es que se lo había bajado de 1.200 a 1.000 euros. Su intención inicial era recuperarlo para rehabilitarlo y trasladarse allí con los suyos, pero su marido sufrió un ictus en el momento en el que tenía que notificar a los inquilinos el fin del contrato y se les pasó el plazo legal que disponían para ello.

Por eso les propuso renovarlo por otros tres años y actualizar el precio hasta los 1.300 euros, aún muy por debajo del coste por sus características y la zona. Fue entonces cuando se inició la campaña de intimidación que ha sido censurada en los tribunales de primera instancia.

“Intimidación ambiental” reconocida

El Sindicat de Llogaters fue el promotor y ha recibido un varapalo judicial, que avanza eldiario.es. La jueza de primera instancia estima como hechos probados las coacciones de algunos de los afiliados a la organización para intimidar a los propietarios y a los que eran sus gestores inmobiliarios, una agencia que renunció a representar a la familia Argelich tras varios días de acampada en su oficina.

La magistrada argumenta que la protesta generó una “intimidación ambiental a la que no pudieron ser ajenos ambos acusados en la medida en que se encontraron en todo momento en el interior del local” del administrador de fincas.

Recurso ante la Audiencia de Barcelona

El sindicato ya ha avanzado que recurrirá la resolución ante la Audiencia Provincial, ya que considera que supone “un intento” de frenar sus actuaciones. Con todo, su derrota no es total. La jueza no acoge la totalidad de las pretensiones de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la casera, ya que les pedían un año de cárcel.

Argelich recuperó al final su inmueble tras tres intento de desahucio por parte de Mossos d’Esquadra y el periplo judicial para conseguir una sentencia a su favor, ya que se demostró que Juan y Livia no eran una pareja vulnerable. De hecho, sus vecinos narraban el elevado estilo de vida que llevaban. La propietaria divulgó el lamentable estado del piso que dejaron los inquilinos tras el lanzamiento.

Además, este generó molestias destacadas en el resto de vecinos del inmueble. El Sindicat de Llogaters bloqueó las entradas y salidas del edificio para evitar que entrase el cuerpo de seguridad catalán, hecho que impidió que el resto de propietarios e inquilinos pudieran ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o ir al médico, tal y como denunciaron en ese momento.

Acoso a la propietaria

El acoso a la propietaria incluyó personarse ante la puerta de su vivienda y dejar octavillas en los buzones de todos los vecinos en las que le acusaban de un “trato inhumano” a los arrendadores, presentarse a la puerta del edificio donde trabajaba con pancartas e incluso con cámaras de TV3 y escraches constantes. También incluyó llamadas constantes a su domicilio y a su empresa. Por todo ello, causó baja laboral por ansiedad.

El lanzamiento definitivo tuvo lugar en 2019.