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Las ayudas a la dependencia es uno de los fracasos de las política sociales del Govern; en la imagen, un joven ejerce la asistencia domiciliaria / CG

Colau vuelve a dar la atención domiciliaria a dos multinacionales

Sacyr y ACS renuevan la segunda mayor contrata de Barcelona, la de ayuda a la dependencia, y se llevan 55 millones en lo que representa un nuevo fracaso de la alcaldesa

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Ada Colau ha vuelto a conceder a dos multinacionales el servicio de atención domiciliaria en Barcelona. La alcaldesa de la capital catalana ha renovado el contrato de ayuda a la dependencia que ganaron parcialmente Sacyr (Valoriza) y ACS (Clece) en 2015.

La extensión de la contrata tuvo lugar entre los días 15 y 19 de diciembre, en plena campaña electoral en Cataluña. El ayuntamiento aprovechó las jornadas de alto voltaje político para volver a conceder dos de los cuatro lotes a las filiales de los grupos cotizados. Otros dos paquetes recayeron de nuevo en Suara SCCL, un grupo cooperativo.

La decisión significa inyectar 25,14 millones de euros de recursos municipales en Sacyr (lote 2) y 29,82 millones en la constructora ACS, que comanda Florentino Pérez (lote 4) pese al discurso hostil de BComú contra las multinacionales y las firmas multiservicios.

El contrato global totaliza 133,45 millones, siendo el segundo más grande por cuantía que licita el ayuntamiento.

Control de la adjudicación

Preguntado por la cuestión, un portavoz municipal ha recordado que el ayuntamiento anunció una batería de cambios en el servicio de atención domiciliaria (SAD) en noviembre del pasado año.

El gobierno local presentó un diagnóstico de las condiciones laborales de los 4.000 empleos que genera la adjudicación, concluyendo que la mayoría trabajaban con contratos precarios. En este sentido, el equipo de gobierno prometió "mejoras en ocupación".

En el mismo sentido, el ayuntamiento de la segunda mayor ciudad española informó de cuatro proyectos piloto con doce trabajadores y una cincuentena de usuarios cada uno. El objetivo era crear un modelo "más ligado al territorio y de mayor proximidad".

Por último, Colau y su equipo informaron de un mayor control en la adjudicación, futuras ampliaciones de la cobertura y de una mayor coordinación con otros equipos de prestaciones sociales de la ciudad.

"No podemos competir con los grandes"

Todo ello no esconde que, 16 días después de presentar la hoja de ruta --que tomará altura real a partir de 2019, con la nueva licitación-- BComú volvió a entregar dos de los cuatro lotes de cuidado a la dependencia a dos empresas transnacionales, un modelo que el partido criticó en el pasado. 

"En el último concurso de 2015 no pudimos igualar en precio a los grandes grupos. El presupuesto de la contrata no aseguraba la calidad que deseábamos. Perdimos, como es público, y si no cambian los criterios de adjudicación no nos presentaremos de nuevo", ha recordado Àngels Guiteras, gerente de la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), la entidad del tercer sector que gestionó el servicio en el pasado.

La directiva ha criticado el modelo de "contratación" en servicios sociales, del que considera que la Unión Europea "se está alejando en pos de la concertación". También ha recordado que en la gestión de servicios sociales "los grandes grupos suelen cambiar a menudo, lo que no es bueno para el servicio".

Guiteras ha subrayado que el ayuntamiento "tendrá sus motivos" para prorrogar la concesión de atención a la dependencia a ACS, Sacyr y Suara. "Deben de estar satisfechos con la calidad", ha aventurado.

"Falta de transparencia"

Más duro ha sido Andrés Rueda, director de la Asociación Catalana de Directivos de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad). "Ha faltado transparencia. ¿Por qué se prorroga? ¿Se hizo públicamente? ¿Qué valoración del servicio se hace?", se ha preguntado el directivo.

Bajo su punto de vista, la dependencia "no es un terreno tan fácil como la limpieza a domicilio", ya que requiere otras funciones, como la de acompañamiento a quien recibe el servicio.

"La atención domiciliaria es la ayuda necesaria a las personas mayores que tienen un grado 1 de dependencia. Requiere cierta estabilidad, y las grandes empresas no suelen proporcionarla", ha aseverado Rueda.

"Este tipo de prórrogas no nos gustan. Que sea legal no significa que sea lo más conveniente, ya que la primera adjudicación en 2015 ya generó polémica. Las empresas del tercer sector suelen hacer este tipo de servicio de forma más arraigada al barrio y a la comunidad. Pero sin pliegos de condiciones sociales, es imposible", ha remachado.