‘Caso club erótico’ de Barcelona: denuncia por la rapidez del precinto del local

El proceso de clausura temporal de un local con espectáculo para adultos en la zona alta de Barcelona por incumplir con la licencia de actividad, el llamado Caso club erótico, ha llegado a los tribunales. Los dueños del Dollhouse Showgirls han presentando una denuncia en los juzgados de la ciudad por las presuntas irregularidades que llevaron al precinto del local.

La primera de ellas versa sobre la persona que motivó la “presunta inspección rutinaria” en el club de estriptis que derivó en su cierre. Según el escrito presentado en los juzgados de Barcelona, al que ha tenido acceso Crónica Global, la actuación se inició desde la explotadora de un burdel rival.

Quién interpuso la queja

Mantiene que la queja formal estaría entrada por José María Vila Sastre. Un particular que es el administrador de dos sociedades, Anita la Fantástica y Redwood Finance, que explotan lupanares en la misma zona. Es decir, representaría un rival en la oferta dedicada al público adulto en este barrio de Barcelona.

Con todo, el dueño de ambas empresas aseguró hace una semana en conversación con este medio que el caso es más complejo de lo que parece a simple vista. Hubo una usurpación de personalidad que está denunciada ante la justicia y que, además de provocar el cierre del Dollhouse Showgirls, le ha acarreado problemas con los suministros de los locales que regenta.

Los tribunales tienen pendiente completar la instrucción del caso.

Medida cautelar

Los dueños del club precintado también apuntan que la clausura temporal se habría hecho fuera de las leyes. Indican que “si bien hay un cierre que no es cautelar” y que perseguiría el cumplimiento de una “sanción que puede aplicarse cuando haya sentencia firme”, que aún no se ha dado. Es decir, no se han completado las pesquisas para concluir que, efectivamente, se ha usado de forma indebida su licencia para organizar fiestas con espectáculos.

“No entendemos cómo se ha precintado de manera inmediata sin pactar con la propiedad una salida razonable”, lamentan en la denuncia. Recuerdan que “en todo momento” se explicó a los responsables el distrito de las Corts, cuyo concejal es Agustí Colom, que había 23 trabajadores en plantilla y que “el cierre afectaría a sus familias”. Una falta de interlocución entre el ayuntamiento y la propiedad que se analizará en los tribunales.