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Dos acusados del clan de 'Los Manolos' durante el juicio por la trama de contratos falsos en La Mina / EUROPAPRESS

El clan de 'Los Manolos' desvela la trama de contratos falsos en La Mina con un concejal implicado

El patriarca, conocido como 'Tío Cristina', declara que se encargó de la "vigilancia" de edificios propiedad del Consorci

5 min

Dos de los cuatro acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa por una trama de falsas contrataciones en 2016 en el barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), han reconocido este martes en la Audiencia los hechos por los que les acusa la Fiscalía. En ellos están supuestamente implicados un clan familiar y un concejal del Ayuntamiento de la localidad. Quien lo ha desvelado es el patriarca del clan de Los Manolos, Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina, y que ha declarado en el juicio que se encargó de la vigilancia de varios edificios vacíos propiedad del Consorci del Barri.

También lo ha confesado el titular de la empresa adjudicataria del servicio anteriormente JFF, quien ha explicado que no pudo presentarse de nuevo al concurso por impagos a Hacienda. Así, el Consorci del Barri de la Mina licitó un nuevo contrato, que esta vez concedió a la empresa Visegurity, si bien nunca prestó el servicio. En la práctica, estuvo a cargo de Ángel Amaya. Fue su clan el que marcó las puertas de las viviendas con la inscripción "Control los Manolos - Tío Cristina" para disuadir posibles ocupaciones, según afirma la Fiscalía y han corroborado los dos acusados.

Un concejal implicado

Los otros dos encausados son el segundo teniente de alcalde de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, y el que era administrador de Visegurity, JRF, que al no admitir los hechos como los otros dos, declararán en la recta final del juicio. El Ministerio Público considera que el engaño fue posible presuntamente por la participación del cargo público, quien ejercía también de vicepresidente de la comisión ejecutiva del Consorci del Barri de La Mina cuando sucedieron los hechos delictivos. Firmó los contratos con Visegurity y "autorizó tácitamente que las vigilancias se hicieran" al margen de la empresa. Según la fiscal, fue el político el que ordenó pagar en efectivo a Amaya por las vigilancias.

Uno de los pisos bajo control de 'Los Manolos' en 2017 / 324
Uno de los pisos bajo control de 'Los Manolos' en 2017 / 324

De acuerdo con la investigación, el exadjudicatario JFF recibía cada mes una transferencia a modo de comisión, a la vez que él entregaba una parte al concejal para que la hiciera llegar al patriarca. Con este método, la Fiscalía calcula que Visegurity, acusada de ser una empresa pantalla, recibió 153.679 euros en 14 meses. Ángel Amaya, a su vez, cobró unos 2.000 euros al mes.

Escuchas de mossos

Durante la primera sesión del juicio, un agente de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha explicado que las primeras sospechas de estos hechos empezaron durante una investigación relacionada con el tráfico de marihuana en la zona. Los agentes escucharon las llamadas de Amaya y encontraron conversaciones en las que reclamaba una deuda. Amenazaban en que si no se le pagaban, haría que los pisos que vigilaba fueran ocupados de forma inmediata. 

Otro agente que participó en las pesquisas ha relatado ante el tribunal que esos edificios "llevaban más de cinco años desocupados, vigilados por toxicómanos, extranjeros, gente humilde del barrio, que cobraba 800 euros por trabajar 12 horas diarias" a sueldo del clan Los Manolos.

12 años de inhabilitación

La fiscal pide de forma provisional 12 años de inhabilitación para Ramos, acusado de un delito de prevaricación en la contratación irregular de un servicio de vigilancia, si bien éste mantiene su inocencia. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en un primer momento se adjudicó la contratación a una empresa de la que el apoderado era el también acusado.

Pero, debido a la dificultad para dar cobertura legal a la adjudicación de esta vigilancia, contactó a su vez con otro de los procesados, JRF, administrador de una mercantil, para que ésta hiciera de "empresa pantalla" y figurara así como la adjudicataria formal de este servicio de vigilancia. El servicio lo prestaba en realidad  Tío Cristina, que ni tenía una empresa de vigilancia ni cumplía con los requisitos legales para poder participar en un proceso de contratación pública con libre concurrencia. 

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