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Un grupo de galgueros durante una jornada de caza en Ciudad Real / EFE

A la caza del voto del cazador

Tras la ofensiva andaluza, los aficionados a la escopeta toman el 3-M la Castellana en defensa de un sector que mueve 6.500 millones

02.03.2019 00:00 h.
6 min

Los aficionados a la caza, unos 800.000 en España, quieren adelantarse al pistoletazo de salida electoral. Este domingo cambiarán el monte por el paseo de la Castellana. Bajo el lema "Por el respeto al mundo rural y sus tradiciones", caminarán con el apoyo de asociaciones de ganaderos, agricultores, pescadores y taurinos, agrupados bajo la peculiar entidad Alianza Rural.

El lobby cinegético está crecido en defensa de un sector que, según un estudio de Deloitte, genera 6.475 millones de euros al año (el 0,3% del PIB en 2016) y mantiene 187.000 puestos de trabajo (el 1% de la población activa). La Federación Andaluza de Caza (FAC) apuntó alto en las pasadas elecciones con la compaña "La caza también vota". Según algunos analistas, apuntaló la irrupción de Vox, junto a la inmigración ilegal y el conflicto catalán.

Santiago Abascal, en un acto de Vox / EFE

Santiago Abascal, en un acto de Vox / EFE

Aunque la protesta del 3-M estaba pactada desde el 7 de septiembre, los convocantes no quieren líderes políticos a la vista. Su objetivo, dicen, es trasladar a toda España su defensa de la caza como “una actividad necesaria”, aprovechando que los ciudadanos acudirán con sus votos a cuatro urnas en poco más de un mes.

Dudas socialistas

La artillería cinegética va más allá del partido que lidera Santiago Abascal. El PP de Pablo Casado ha multiplicado sus declaraciones a favor de la caza y la tauromaquia, y de críticas interpelaciones parlamentarias al PSOE para dejarlo en evidencia tras la postura prohibicionista expresada en noviembre por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de la presidenta del partido, Cristina Narbona.

Los cazadores de Andalucía, donde hay 250.000 licencias, fueron los primeros en tomar nota en víspera electoral. Después, los presidentes y ‘barones’ socialistas de Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha se han desmarcado de Ferraz. Solo en estas tres comunidades se contabilizan 90.000, 50.000 y 106.000 cazadores practicantes, respectivamente. Y los empleos directos superan los 60.000.

Cartel de reserva de caza / EFE

Cartel de reserva de caza / EFE

Barones rebelados

“La caza nunca ha sido derechas, es un topicazo, pura demagogia”, clamó el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, temeroso de que los votantes del PSOE en esta Comunidad, donde la caza está tan arraigada socialmente, se sientan  desprotegidos e incluso insultados.

El presidente de castellano-manchego, Emiliano García Page, añadió a la importancia económica de la caza la medioambiental “para el sostenimiento del ecosistema en la Comunidad, que incluye poblaciones animales autóctonas, la cubierta vegetal y el medio rural". Ha anunciado la creación de un canal de televisión dedicado a la caza y toros.

El partido que lidera Sánchez ha apagado las declaraciones oficiales sobre este tema que “puede restar más votos que proporcionar en algunos territorios”, según fuentes socialistas. Por si acaso, ha suspendido sine die el reglamento de armas, que con sus polémicas restricciones, ha puesto en pie guerra a las asociaciones de caza.

Guerra partidista

El conflicto ha ido a mayores en Castilla y León, donde el Tribunal Superior ha suspendido la caza a petición de Partido Animalista (PACMA) porque no hay garantías para 25 especies protegidas como el lobo. “Mientras se sustancia el recurso del ejecutivo autonómico, que puede durar meses, no se podrá cazar. Una aberración”, lamenta Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza, que cifra en más de 500 millones anuales el impacto económico de esta actividad.  

Una manifestación en Pontevedra en rechazo a la caza / EFE

Una manifestación en Pontevedra en rechazo a la caza / EFE

La guerra entre partidarios y contrarios, con los partidos que toman posiciones, está servida. Salvo por el PP, Vox y el PNV, todos abogan por restricciones. El PSOE, según el día y la Comunidad, dice una cosa y otra diferente, Cs no tiene postura clara, Podemos, Equo y sus socios parlamentarios están, con los más radicales de Pacma, por la prohibición. 

Fuego cruzado

La Federación de Ecologistas en Acción y la Federación Española de Caza mantienen desde hace años una especie de fuego cruzado. Para los primeros, la caza es agresión a la naturaleza, ya que mata cada año 50 millones de animales, vierte 6.000 toneladas de perdigones de plomo, pone vallados al campo, lo llena de venenos y cepos e impide al 96% de los españoles no cazadores el disfrutar de la naturaleza y de actividades recreativas con creciente renta económica.

La federación de cazadores defiende que, aparte del importante peso en renta y empleo, sin ellos no sería posible el mantenimiento del ecosistema y que el sector es uno de los principales motores de la economía del mundo rural. “Somos los verdaderos ecologistas”, rebate José Luis López Shummer, presidente de la Fundación Artemisan. Las urnas esperan como puestos de caza.

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