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Médicos catalanes, durante una protesta ante el Parlamento autonómico / CG

Denunciarán el muro lingüístico del Govern a la Fiscalía

La Asociación El Defensor del Paciente llevará al ministerio público "la aberración de poner trabas a los médicos para trabajar en Cataluña"

18.06.2019 00:00 h.
4 min

Una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). La Asociación El Defensor del Paciente llevará el nuevo Pacto de Movilidad Voluntaria del Instituto Catalán de Sanidad (ICS) al ministerio público por "posible ilícito penal" si finalmente incluye la obligatoriedad de dominar la lengua catalana. Su presidente, Carmen Flores, indicó ayer que si el proveedor público sanitario de Cataluña aprueba el muro lingüístico, lo denunciará ante la oficina de María José Segarra.

En conversación con este medio, la también portavoz de la entidad social tildó de "barbaridad" la futura exigencia del Govern de que los sanitarios que opten por un traslado a la autonomía catalana deban demostrar conocimientos de lengua catalana. "Entiendo que el Ejecutivo de Quim Torra debería preocuparse más por las listas de espera, por la calidad de la atención primaria y por las condiciones laborales de los profesionales que por el idioma en el que atiendan los facultativos", razonó. Según ella, la sanidad pública catalana "ya tiene suficientes problemas para que el Gobierno catalán cree otra polémica artificial".

"Posible ilícito penal"

En opinión de Flores, si el Pacto de Movilidad Voluntaria se aprueba en la Mesa Sectorial del ICS del próximo 12 de julio y luego se publica, ello será suficiente para que intervenga el Ministerio Fiscal. "Si la sanidad pública se organiza en un solo sistema en todo el territorio nacional, no es de recibo que en una parte del mismo se obligue a dominar una lengua cooficial para trabajar".

Bajo el punto de vista de la activista prosanidad pública, "no se trata de estar en contra del catalán, sino de defender el derecho de los profesionales de trabajar en todo el país sin que las lenguas cooficiales, que merecen todo el respeto, signifiquen una barrera". Para Flores, "una cosa es baremar estos idiomas como méritos para lograr una plaza. Otra muy distinta, que sean una exigencia excluyente".

Acreditación obligatoria

La reacción de la asociación cívica llegó un día después de adelantar este medio que el ICS trabaja en los últimos retoques del Pacto de Movilidad Voluntaria. La hoja de ruta que regirá los traslados de profesionales entre niveles asistenciales del gran proveedor público catalán (39.000 profesionales, ocho hospitales y más de 300 equipos de atención primaria) incluye diversas novedades. Una de las más destacadas es la obligatoriedad de acreditar un nivel de catalán según categoría profesional o, en su defecto, pasar un examen.

Ello no convence a los representantes de la parte social. Según fuentes consultadas por este medio, el muro lingüístico de la empresa pública que comanda Josep Maria Argimon podría encajar acciones judiciales contrarias por parte de galenos si llega a levantarse. A este respecto, cabe destacar que el decretazo del catalán en la sanidad balear sigue vigente desde marzo de 2018. Ello es así, en parte, porque la Abogacía del Estado retiró un recurso contrario interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

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