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Alba Vergés, consejera de Salud de la Generalitat (c), con Pere Aragonès (d), vicepresidente del Govern, en una visita a un ambulatorio / CG

El Govern levanta un muro lingüístico con los médicos del resto de España

La sanidad pública catalana exigirá la obligatoriedad del catalán para trabajar en Cataluña y, si no se posee, impondrá una examen

17.06.2019 00:00 h.
5 min

Un muro lingüístico. Esto es lo que preparan los gestores de la sanidad pública catalana. Lo harán camuflando el requisito del dominio de la lengua catalana en el nuevo Pacto de Movilidad Voluntaria del Instituto Catalán de Sanidad (ICS). El documento se debatirá el próximo 12 de julio en la Mesa Sectorial y, si nada lo impide, obligará a dominar la lengua catalana para trabajar como sanitario en Cataluña o, en su defecto, a pasar un examen.

Fuentes del sector sanitario han alertado de que el documento está ya muy avanzado. Es muy similar al planteado un año atrás, que blindaba la movilidad en Cataluña a médicos que dominaran el catalán. La hoja de ruta prevé dotar a los profesionales del ICS de un sistema permanente de movilidad, lo que gusta a los sindicatos, pero impone requisitos que chirrían cuando no son directamente recurribles, según han avisado fuentes consultadas.

Obligatoriedad del catalán

El nuevo requisito más polémico es la lengua catalana. En los concursos de movilidad voluntaria de personal estatutario del ICS, la mayor empresa pública de Cataluña, con cerca de 39.000 trabajadores, dominar este idioma era hasta ahora un mérito. Ello cambiará ahora. Pasará a ser obligatorio su conocimiento mediante la acreditación por medio de certificado [consultar niveles aquí] según cada categoría profesional. Si no se puede acreditar, se deberá pasar un examen de suficiencia.

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Josep Maria Argimon, director gerente del Instituto Catalá de Sanidad (ICS) / CG

La consecuencia más directa será el impacto contra la movilidad de personal sanitario del resto de España que no domina la lengua catalana. Ello es tan evidente que algunas centrales sindicales ven claro que, si el ICS levanta el muro lingüístico, un médico que no resida en Cataluña y se tope con este obstáculo lo podrá recurrir, invalidando este punto. Creen que al ser la sanidad pública catalana parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), no ha lugar una exigencia así. En este sentido, cabe recordar en este sentido que la obligatoriedad de conocer la lengua catalana, en este caso en Baleares, cumplió un año el pasado mes de marzo. Sigue vigente porque la Abogacía del Estado retiró el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Ello no fue óbice para que la norma levantara una gran polvareda e incluso generara manifestaciones masivas contrarias.

Polémica con la atención primaria

El decretazo que prepara el proveedor público de servicios sanitarios que capiteanea Josep Maria Argimon tiene otras aristas. Otra de las más polémicas es la baremación de la formación que hace el personal de atención hospitalaria. La plantilla de este nivel asistencial podrá presentar los cursos y formaciones que ha realizado para que puntúen si desea cambiar de puesto de trabajo dentro de la red del ICS (8 grandes hospitales y 283 equipos de atención primaria de toda Cataluña). Ello les dará ventaja para pasar de trabajar a un hospital a un ambulatorio, algo que ocurre con relativa frecuencia. Por contra, penalizará a los sanitarios de primaria. Este punto, no obstante, tiene diversas interpretaciones y divide a los sindicatos.

Lo evidente es que el si el ICS trata de aprobar el Pacto de Movilidad Voluntaria el próximo 12 de julio pasarán dos cosas. Por un lado, implementará por fin un sistema estable de movilidad para su personal con plaza fija (el último concurso se cerró en 2015). Por el otro, se expondrá a las críticas y posibles acciones judiciales por la exigencia del catalán, algo que trata de colar subrepticiamente aparejado al marco regulador. Sobre este expediente tiene responsabilidad directa, además de Argimon, el director de Recursos Humanos el ente público, Ferran Fanlo.

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