'Caso BPA': La legitimidad del Gobierno en el juicio, a debate

“¿Qué hace el Gobierno andorrano personado como acusación particular en el juicio por el caso BPA, cuando, según la Constitución y las normas procesales del principado, el garante y defensor del interés general en el país es la fiscalía?”.

Esa es la pregunta que durante las dos primeras jornadas del juicio contra 25 directivos y gestores de cuentas de BPA ha sobrevolado la sala de vistas. Todos los abogados coinciden en que la acusación particular que ejerce el Gobierno es anómala y lo único que hace es dificultar la mecánica procesal de la causa. En la fase de cuestiones previas, los abogados han argumentado que esa personación va contra las propias leyes procesales de Andorra.

Abogado defensor y acusador

El abogado que ejerce esta acusación es Manuel Pujadas, un veterano letrado andorrano que, curiosamente, antes de ejercerla, ya estuvo personado en la causa pero, entonces, como abogado defensor de algunos empleados del banco. Pujadas cambio de bando y ahora es un febril defensor de los intereses del presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, y de su ministro de finanzas, Jordi Cinca.

Tanto el presidente como el ministro son acérrimos enemigos de la antigua cúpula de la entidad y ejecutores de la intervención del banco tan pronto el Departamento del Tesoro norteamericano les comunicó supuestas irregularidades en la entidad.

Cinca, a escena

Por otra parte, este medio contactó ayer personalmente con el ministro Cinca, al que se le solicitó una entrevista. Cinca, que a pesar de haber demandado a Crónica Global por la publicación del libro Diamantes sucios, mantuvo una actitud educada y amable e incluso llegó a estrechar la mano de este periodista, condicionó dicha entrevista a sus problemas de agenda.

Diamantes sucios explica las relaciones de Cinca con lo que se conoce como diamantes de sangre y con los llamados Papeles de Panamá.

La policía patriótica y el micrófono

Uno de los momentos más tensos de estas primeras horas de juicio se produjo cuando el abogado defensor en representación de la entidad pro derechos humanos de Andorra, Drets, Alfons Clavera, interpeló directamente a Pujadas y le recriminó actuar contra 25 empleados de la entidad "víctima de amenazas y coacciones",  y no contra "la policía patriótica" que trató de chantajear a la antigua dirección del banco y cuya causa se sigue en un juzgado de instrucción de Andorra.

Pujadas afirmó que ya tendría tiempo de explicar por qué es del todo legal su personación en estas diligencias, pero en un momento dado de su intervención, y sin saber que tenía el micro abierto farfulló: "¡menuda mierda!", en referencia al debate jurídico planteado por Clavera.

El caso BPA ha sentado en el banquillo de los acusados por un delito continuado de blanqueo a 25 exmiembros de BPA. El fiscal pide penas de cárcel y duras multas pero los acusados reclaman su inocencia y reiteran que toda la mecánica bancaria, ahora puesta en entredicho, fue avalada por el órgano de control financiero del país, el INAF.