Activistas antidesahucio / SINDICAT DE BARRI

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Vida

Denuncian el desalojo "violento" de 30 personas que pedían un alquiler social

'Sindicat de Barri' sostiene que agentes de la BRIMO han expulsado a una menor y a una discapacitada de un bufete de abogados

1 marzo, 2019 15:38

El Sindicat de Barri de Poble Sec ha denunciado cargas de los Mossos d'Esquadra para desalojar a 30 personas que pedían negociar un alquiler social en un bufete de abogados de la Vía Laietana de Barcelona. Entre ellas una menor y a otra persona con discapacidad.

Este viernes, coincidiendo con el decreto del alquiler que ha aprobado el Gobierno, desde este sindicato han acudido al despacho que, dicen, administra las propiedades de los fondos Blackstone y la Sareb, para reclamar una renta social para Wendy, una vecina del Raval, que tiene una orden de desahucio

"Nos han desalojado de manera violenta"

Desde la organización, que integran activistas antidesahucio, cuentan a este medio que los agentes "les han desalojado de forma violenta". Una treintena de personas han acudido al bufete de abogados "con voluntad de negociar" pero al llegar allí les han dicho que no iban a tratar la cuestión y que iban a llamar a la policía.

Según explican, el bufete es el apoderado del piso en el que vive Wendy junto a sus dos hermanas, su madre y una sobrina. La entidad, ante la falta de éxito de su iniciativa, anuncia que volverá "a parar el desahucio" de esta familia hasta que encuentren una solución. 

Wendy

Tanto Wendy como las otras cuatro mujeres, que intentan conseguir un alquiler social para no acabar en la calle, son migrantes, y entre ellas hay dos menores, una de 4 años y otra de 13.

Desde el sindicato explican que accedieron al piso con un contrato falso sin saberlo y que luego llegaron las órdenes de lanzamiento. Ahora buscan una solución para evitar tener que abandonar la vivienda en la que residen. 

Cataluña, la comunidad con más desahucios

Cataluña es la comunidad en la que más desahucios se produjeron en 2018. Según los datos que ha publicado hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se produjeron 13.941 lanzamientos en el territorio, el 23,36 % del total nacional. 

Por detrás se encuentran Andalucía --con 9.795-- y la Comunidad Valenciana --com 8.083--. En total, en el conjunto de España se han producido  59.671, un 1,8 % menos que un año antes.