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Un detenido por una agresión racista / MOSSOS

Cuatro años y medio de cárcel por una agresión racista en Barcelona: "Te voy a arrancar los ojos"

El condenado clavó unas tijeras a la víctima tras preguntarle si era de Perú; también deberá indemnizarlo con 2.700 euros por las lesiones ocasionadas

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El Juzgado de lo Penal 23 de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de prisión al autor de una agresión racista en la capital catalana en 2019. Según el fallo, el procesado clavó unas tijeras a la víctima al grito de: "Peruano, te voy a arrancar los ojos". Por este motivo, también deberá indemnizar al herido con 2.700 euros.

La magistrada condena al atacante, de 32 años, por un delito de lesiones con agravante de discriminación por razón de nacionalidad. El suceso se produjo el 2 de febrero de aquel año, cuando cerca de las dos de la madrugada, el acusado, sobre el que ya pesaba una condena por lesiones, se acercó a otro hombre para preguntarle si era de Perú.

Agresión racista con unas tijeras

Cuando este contestó que sí, el hombre le clavó unas tijeras en la mandíbula. Tras perpetrar el ataque, se refugió en un bingo cercano, y arrojó el arma en el baño. Allí lo detuvieron agentes de los Mossos d'Esquadra. El herido necesitó cinco puntos de sutura y tardó en curar 15 días.

Según el fallo, contra el que cabe interponer recurso, no queda probado que el agresor, extranjero y sin permiso de residencia en España, sufra un trastorno de carácter derivado del consumo de sustancias estupefacientes, ni que aquel día se encontrara bajo el efecto de las drogas --lo que hubiese servido como atenuante--.

Antecedentes por delito de lesiones

La sentencia señala que el acusado se limitó a preguntar a la víctima si era peruana y al responder esta de forma afirmativa, le agredió sin mediar más palabra, y sin que existiera discusión previa o algún tipo de conflicto.

La juez impone prisión y multa para el condenado, pero rechaza su expulsión del país como sustitución parcial de la pena, como pedía la fiscalía, al considerar que la medida es "desproporcionada". Señala así que el agresor aportó fotocopias de los DNI y permisos de residencia de varios familiares y demostró que tiene una hija menor que sí reside en España; lo que avala su arraigo.