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Cárcel de Ponent (Lleida) / EP

Las cámaras en las prisiones catalanas indignan a los funcionarios

Los trabajadores achacan la instalación de un costoso sistema de videovigilancia a los informes del Síndic de Greuges

6 min

La instalación de un centenar de cámaras en las prisiones de Brians 1 (Barcelona) y Ponent (Lleida) ha colmado la paciencia de los funcionarios de los centros. Los trabajadores no se muestran contrarios a la videovigilancia en el interior de las cárceles catalanas, pero subrayan que hay inversiones pendientes mucho más acuciantes en los equipamientos.

Asimismo, vinculan esta medida con los informes anuales sobre tortura elaborados por el Síndic de Greuges que señalan de forma reiterada el ambiente en los centros penitenciarios. Estos análisis son criticados por el colectivo por transmitir un panorama dantesco que aseguran que no se corresponde con la realidad. Recuerdan que no existen condenas a los trabajadores públicos por los supuestos malos tratos a los reos que denuncia la institución presidida por Rafael Ribó. Al respecto, el responsable de prisiones de CSIF en Cataluña, Alberto Gómez, aporta un dato: "La práctica totalidad de las denuncias que llegan contra nosotros quedan archivadas".

Violencia contra los funcionarios

El portavoz sindical considera que implementar nuevos métodos de control puede beneficiarlos de forma indirecta, pese a que ese no sea el propósito de la Consejería de Justicia. Según ha informado el departamento, la iniciativa tiene por objeto eliminar los puntos ciegos en las celdas de aislamiento y contención y las áreas de cacheo con el fin último de prevenir los abusos. La Secretaría de Medidas Penales también estudia comprar cámaras unipersonales para instalarlas en el equipamiento de los funcionarios, similares a las que llevan en los cascos los agentes de los Mossos d'Esquadra.

Gómez contrasta esta vigilancia de su trabajo con otra realidad: la comunidad catalana presenta una de las ratios más elevadas de violencia contra funcionarios en toda España: "A nosotros nos encanta que se pongan cámaras, no solo para fiscalizar nuestra labor, sino también para protegernos frente a los reclusos". "Queremos que se actúe contra las agresiones a más de 400 profesionales que hubo el año pasado en Cataluña", resume.

Sistema de videovigilancia en la prisión de Ponent (Lleida) / EUROPAPRESS

 

Sistema de videovigilancia en la prisión de Ponent (Lleida) / EUROPA PRESS

Déficit de inversiones

Un funcionario de Ponent añade a estas quejas el elevado coste del sistema de registro, presupuestado en 600.000 euros. "En Ponent todavía nos adeudan la mayor parte de los tres millones y medio de euros del cierre de la Modelo. Las cámaras nos parecen un derroche injustificado cuando el centro tiene otras prioridades", argumenta.

Tanto Ponent como Brians 1 son las dos instalaciones más envejecidas del sistema carcelario catalán, pero el complejo de Lleida necesita una remodelación a fondo "porque se cae a trozos": "Las infraestructuras importantes que necesitan cambios son el módulo once y también la zona de duchas". El trabajador pone como ejemplo el acceso al llamado "departamento especial" del centro penitenciario. "Hay exactamente ocho puertas. Pues durante semanas, cinco de ellas no han funcionado de forma correcta", indica, "antes de instalar las cámaras, habría que arreglar el acceso a la supuesta área de malos tratos".

Seguidismo del Síndic

Las fuentes entrevistadas ven detrás de esta medida la cruzada del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, contra la tortura en las prisiones catalanas. En el último informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura elaborado por el Síndic de Greuges en diciembre de 2019, se lamenta el escaso número de sistemas de grabación en las cárceles con más antigüedad. El documento dice de forma textual: "El número de cámaras de videovigilancia, sobre todo en los centros más antiguos, resulta insuficiente. Hace falta un esfuerzo para ampliarlas, de forma que alcancen los espacios de interacción entre personas internas y personal de los centros que puedan ser más conflictivos" (página 123).

Amparándose en esta recomendación, Justicia ha acometido una inversión millonaria que los funcionarios no ven prioritaria. "El reglamento penitenciario catalán ya es supergarantista y tenemos a una plantilla muy envejecida. Bastante tenemos con defendernos a nosotros mismos cuando somos agredidos", remacha otro trabajador.