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Imagen de una campaña de la Comisión Europea contra la sustracción parental.

Cada año se denuncian más de 300 casos de sustracción de menores en España

El 90% de los casos se da tras el divorcio de parejas cuyos miembros son de distinta nacionalidad

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"Cuando un menor es trasladado ilícitamente a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución..."; "...o en aquellos casos en que el padre o la madre se haya trasladado con el menor para residir en otro país, e impida al otro progenitor que tenga atribuido el derecho de visita ejercitarlo".

Esas son las dos definiciones que facilita el Ministerio de Justicia para precisar este delito que, según datos oficiales, eleva hasta 300 el número de denuncias que España registra al año.

Sustracción tras el divorcio

En un 90% de los casos, este delito suele producirse tras el divorcio de parejas cuyos miembros son de distinta nacionalidad.

Sin embargo, en los últimos años, y debido a la movilidad laboral, también empieza a darse en parejas de un mismo país, residentes en el extranjero, cuando uno de sus miembros quiere regresar a su lugar de origen y el otro no.

Preocupación en la fiscalía

Ante la proliferación de casos, la propia Fiscalía General del Estado advierte, a través de una circular, de que "dentro de la tipología de los secuestros parentales, la concurrencia del elemento transnacional genera el supuesto más grave, pues las dificultades para restablecer el statu quo anterior son mucho mayores, entre otras cosas porque quien así actúa es normalmente ciudadano del país de refugio y lo que pretende con su actuación es crear un fuero artificial para que la contienda sobre la custodia se resuelva conforme a sus intereses. Esta búsqueda de unos Tribunales ad hoc, favorecedores de las posiciones de los secuestradores, es especialmente dramática en supuestos en los que los progenitores son no solo de distintas nacionalidades sino pertenecientes a distintas culturas o civilizaciones".

Nula colaboración internacional

Un fenómeno que denuncian las víctimas de estos casos es el llamado "nacionalismo jurídico", que la Fiscalía General entiende como "la tendencia a amparar al sustractor por parte de las autoridades de su misma nacionalidad por entender que en el país de recepción va a estar mejor".

De los 300 casos de denuncias en España por sustracción de menores, un 60% se refiere a menores que son sacados del país, y un 40% a denuncias porque a España ha llegado un menor apartado de unos de sus dos padres en el extranjero.