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Ada Colau en rueda de prensa.

Barcelona multa a dos inmobiliarias por desahuciar a familias vulnerables

El consistorio también sanciona a una compañía que alquilaba por 500 euros mensuales espacios de 15 metros cuadrados sin las mínimas condiciones de habitabilidad

Redacción
13.04.2016 12:51 h. Actualizado: 13.04.2016 13:14 h.
2 min

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto las primeras sanciones a dos sociedades inmobiliarias que desahuciaron por impago a familias vulnerables sin ofrecer, previamente, la opción de alquiler social. Las firmas pueden hacer frente a multas de hasta 90.000 euros.

El consistorio mantiene que incumplieron la ley vigente en la capital catalana de emergencia habitacional, por ello ha iniciado expedientes sancionadores a ambas compañías y ha reubicado a las familias.

Carmel y Horta

Se trata de los dos primeros expedientes que incoa el Ayuntamiento de Barcelona por esta razón. Las investigaciones implican a la sociedad Intacsa Integral de Actividades por no ofrecer cobijo a una familia del barrio del Carmel y a Fincas Flash, que actuó del mismo modo en el barrio de Horta.

El consistorio indica que les advirtió de que había detectado situaciones de vulnerabilidad en ambas viviendas, hecho que obliga a poner en marcha el protocolo de emergencia habitacional, aunque las inmobiliarias hicieron oídos sordos a la alerta y continuaron los procesos de desahucio.

Familias viviendo en 15 metros cuadrados

Por otro lado, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer) ha hecho público que localizó hace tres meses un caso grave de infraviviendas en el barrio de Vilapiscina y Torrellobeta de Barcelona.

Ucer detectó cómo una empresa había habilitado diferentes espacios de 15 metros cuadrados en un edificio unifamiliar y los alquilaba en calidad de vivienda por entre 400 y 500 euros mensuales. Alli se hacinaban una decena de personas en espacios que no cumplían con las mínimas condiciones de habitabilidad.

De hecho, algunas construcciones se encontraban en patios interiores o en el terrado del edificio sin ningún tipo de aislamiento. Los inspectores detectaron que los cables eléctricos pasaban por los mismos lugares que la instalación del agua, con el consiguiente peligro para los residentes y sus vecinos. 

La empresa se enfrenta ahora a una multa que puede llegar al millón de euros.