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Lidia Vargas destinó sus ahorros a poder tener un piso propio / CG

“Así logré que un banco me pagara por una estafa inmobiliaria”

Lidia Vargas explica cómo recuperó los 30.000 euros que pagó por un piso comprado sobre plano tras la quiebra de la inmobiliaria, lo que abre un nuevo frente para las entidades bancarias

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Hace diez años, Lidia Vargas destinó sus ahorros a cumplir un sueño común a muchos españoles: tener un piso propio. Animada por una amiga que trabajaba en el sector inmobiliario “decidí comprar sobre plano una vivienda en Beniarbeig (Alicante). Ella hizo lo mismo, parecía una buena oportunidad”. Lidia, de 39 años, pagó entonces 30.000 euros como paga y señal por la compra de una vivienda sobre plano. “De vez en cuando íbamos a ver la obra, pero de pronto nos dimos cuenta de que no había actividad. Nos enteramos de que la promotora no pagaba a los trabajadores y que éstos se llevaban el material como compensación”.

De los promotores, ni rastro. “Son unos caraduras, se aprovecharon de la gente que hemos trabajado toda la vida para tener algo propio mientras ellos disfrutaban de yates y coches de lujo”. Esta afectada decidió acudir a la Justicia y puso su caso en manos de Spanish Legal Reclaims, un despacho jurídico con sede en Barcelona especializado en este tipo de reclamaciones.

Lidia ganó su batalla judicial gracias a una sentencia pionera que el Tribunal Supremo dictó en 2015, que reconoció el derecho de los compradores a recuperar el dinero que invirtieron al comprar viviendas sobre plano tras la quiebra de las promotoras en la crisis inmobiliaria que se desató en 2008.

Edificio de viviendas sin acabar / EP

Edificio de viviendas sin acabar / EP

Lo que dice la sentencia

En esa sentencia, el Alto Tribunal dictaminó que las entidades bancarias en la que las promotoras ingresaban los depósitos de los compradores a modo de paga y señal eran responsables de proteger el dinero. En concreto, el fallo afirma que los bancos tenían la obligación de exigir a las promotoras la constitución de un seguro o aval sobre las cantidades entregadas por los compradores, así como la apertura de una cuenta especial, no vinculada a otras que el promotor pudiera tener en el mismo banco, destinada a esos pagos por adelantado. Se abría así un nuevo frente para las entidades bancarias, tras las reclamaciones por la cláusula suelo y por los gastos hipotecarios.

Esta mujer, que tras lo ocurrido se volvió a su pueblo, Algemesí (Valencia), llegó a un acuerdo con Cajamar antes de que su asunto llegara a juicio. Y recuperó sus 30.000 euros.

Desde que el TS dictó su sentencia, el número de afectados que perdieron sus ahorros en la compra sobre plano y que acuden a la justicia no ha parado de crecer.

Spanish Legal Reclaims ha gestionado hasta ahora más de un centenar de casos como el de Lidia Vargas, el 90% con resultado favorable al demandante, lo que ha permitido recuperar un total de ocho millones de euros. A nivel español y europeo, cerca de un millar de afectados se han puesto en contacto con la firma para asesorarse. La media de dinero recuperado por afectado asciende a unos 100.000 euros.

El CEO de Spanish Legal Reclaims (SLR), Luis Cuervo, explica que los afectados necesitan acreditar la relación contractural con el promotor, los ingresos en la cuenta bancaria del promotor y que la propiedad nunca le fue entregada en el plazo establecido. “Los bancos se resisten a aplicar la sentencia, lo que obliga a los afectados a acudir a la vía judicial”, afirma Cuervo.

Luis Cuervo, CEO de Spanish Legal Reclaims (SLR) / CG

Luis Cuervo, CEO de Spanish Legal Reclaims (SLR) / CG

Andalucía y Comunidad Valenciana

Aunque las promociones inacabadas se reparten por toda España, la mayoría están situadas en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Carlos Cómitre, abogado de SLR que cubre el territorio andaluz, admite que los procesos judiciales suelen ser largos, con una media de dos años de duración, lo que genera unos intereses legales que cifra en un 4% anual.

“Yo recuperé los 30.000 euros invertidos, pero no el dinero que me he gastado en abogados. Pero preferí llegar a un acuerdo judicial y ahora que veo la cifra ingresada en la cartilla pienso que ha valido la pena”, explica Lidia Vargas.

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