El concejal del Ayuntamiento de Barcelona Marc Serra critica de nuevo al conseller de Interior, Miquel Sàmper, por la ejecución de un desahucio con orden judicial. Esta vez, por el desalojo de cuatro familias del bloque apodado Gayarre, en el barrio de Sants este martes.
"Este es el dispositivo [de Mossos d'Esquadra] que ha ordenado Sàmper para desalojar a cuatro familias vulnerables. En plena pandemia y sin avisar previamiente a Servicios Sociales", ha criticado el representante del consistorio a través de redes sociales. Asegura que los afectados estaban en una situación precaria que habría impedido el lanzamiento, aunque si así fuera implicaría un error como mínimo burocrático en el que el consistorio tendría responsabilidades.
En el apunte en redes sociales Serra también reclama al Gobierno central a paralizar "todos" los lanzamientos. Se trata de una demanda curiosa, ya que su partido se presenta de la mano de una de las formaciones que están en Moncloa en coalición.
Abonar el alquiler de las cuatro familias
El ayuntamiento asegura que el pasado 11 de diciembre remitieron una misiva a la propiedad del inmueble en la que le garantizaban el "cobro íntegro de los alquileres de las cuatro familias". Aseguran que era una solución temporal hasta que los afectados pudiesen acceder a "pisos públicos de la Mesa de Emergencia".
Serra ha subrayado que "para encontrar soluciones, es necesario que los grandes tenedores de vivienda se corresponsabilicen". Además, ha cargado contra el titular de Interior porque, según él, es este "quien decide qué operativo se lleva a cabo para ejecutar una orden judicial, y tiene la obligación de hacerlo con proporcionalidad". Recuerda así que Sàmper "prometió que no enviaría a antidisturbios a desahucios [de personas] vulnerables" --como sí ocurrió en este caso--.
Activistas contra el desahucio
Por su parte, activistas del Grup d'Habitatge Sants también han denunciado un presunto despliegue desproporcionado de la policía autonómica, que desplazó a una decena de furgones de los antidisturbios a la zona para ejecutar el lanzamiento. El desalojo que los integrantes de la plataforma intentaron impedir sin éxito por la presencia del cuerpo de seguridad.
Poco después, trataron de realojar a las familias afectadas en otro inmueble okupado, en el 45 de la calle Finlàndia, pero la policía también lo impidió. Según los activistas, hacía una semana que habían allanado el inmueble --lo que impediría su expulsión por parte de los agentes--, mientras que los Mossos indican que la okupación se produjo el mismo martes. Al haber transcurrido menos de 24 horas, podían expulsarlos sin mandato judicial tras saltar la alarma por la "intrusión" en el inmueble.
