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Varias personas pasean con banderas y objetos con los colores del arco iris, distintivo del colectivo LGTBI / EP

Aumenta la discriminación contra el colectivo LGTBI en Cataluña

La Generalitat abre cada vez más expedientes por vulnerar los derechos de esta comunidad, que ya superan los 200 casos al año

03.10.2019 00:00 h.
5 min

La discriminación contra el colectivo LGTBI en Cataluña crece cada año. En los últimos cinco años, desde que se aprobó la ley autonómica que garantiza los derechos de estas personas, la cifra de expedientes administrativos por discriminación y violencia gestionados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat se ha duplicado.

En concreto, en 2015, se registraron 102 casos; al año siguiente, las denuncias llegaron a 116; en 2017 se dispararon a 209, y en 2018 se abrieron 201 expedientes. En los ocho primeros meses de 2019 se han contabilizado 171 casos, lo que hace prever que el año acabará con unas 250 denuncias por discriminación administrativa contra el colectivo LGTBI.

Más agresiones

Estos datos están en consonancia con el recuento de agresiones contra personas LGTBI que lleva el Observatori contra l'Homofòbia (OCH), que también certifica un aumento de los ataques contra esta comunidad.

Esta entidad contabilizó 113 agresiones en 2015; 84 en 2016; 111 en 2017 y 113 en 2018. Mientras que en lo que va de 2019 ya han computado 123 casos.

Manifestación por los colectivos LGTBI y la transexualidad / EP
Manifestación en defensa de los derechos del colectivo LGTBI / EP

La Generalitat se defiende

La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias argumenta que el aumento de casos de discriminación viene motivado por una mayor "difusión de la ley entre la ciudadanía”, lo que ha aumentado la conciencia entre el colectivo LGTBI a denunciar estas situaciones de privación de sus derechos. Es por ello que la administración autonómica saca un balance positivo de este escenario.

En todo caso, el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani, ha asegurado que seguirán trabajando por la inclusión y normalización del colectivo y ha anunciado la posible constitución de un grupo de trabajo para evaluar el impacto social de la ley. Además, estudia incluir como destinatarios de la Renta Garantizada de Ciudanía --de forma excepcional-- a los jóvenes de 18 a 21 años que hayan abandonado su hogar por discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Pese a que la administración desconoce la existencia de este tipo de casos, desde el Govern consideran que “siempre es bueno contemplar cualquier escenario”.

Cataluña, pionera en 'salud trans'

La creciente sensibilización hacia este colectivo es cada vez más notable. Por ello, en los últimos años el Govern ha invertido importantes recursos en la formación de 13.000 funcionarios en este ámbito y ha extendido la red de Servicios de Atención Integral al 75% del territorio de Cataluña. Y se estima se llegue a todos los municipios de más de 20.000 habitantes en 2020.

Cabe destacar que Cataluña es pionera en salud trans a nivel europeo gracias al servicio de tránsito de sexo en los centros de Atención de Salud Sexual y Reproductiva. Además, la Generalitat ha tramitado más de 1.000 trámites de cambio de nombre en servicios sanitarios, universitarios, títulos de transporte y bibliotecas, así como ha facilitado la adaptación de la identificación de género en los formularios.

Ataque contra el centro LGTBI de Barcelona / CG
Ataque contra un centro LGTBI de Barcelona / CG

El 85% de los 'trans', en paro

La exclusión social y la privación de derechos que sufre este colectivo tiene un reflejo evidente en el ámbito laboral.

Según datos de UGT de Cataluña, el 85% de las personas trans están en paro.

Ataques impunes

Por otra parte, desde OCH lamentan que las situaciones de discriminación registradas por la Generalitat tengan un respuesta poco contundente por parte de la administración. Según Eugeni Rodríguez, presidente de la plataforma, ha calificado de "ridículo" que desde 2014 el Govern solo diez del más de medio millar de agresiones registradas hayan terminando con una sanción.

El observatorio reclama "voluntad política" para mejorar el mecanismo sancionador de los ataques contra la comunidad LGTBI.