El Servicio de Información de la Guardia Civil de Barcelona abrió una línea de investigación sobre el atentado de Las Ramblas sin comunicarlo a los Mossos d’Esquadra. Eran los agentes autonómicos el cuerpo policial que por orden del juez central de instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y al tener plenas competencias en materia de seguridad ciudadana, los que habían iniciado las investigaciones oficiales.
En concreto, y según ha podido saber Crónica Global, escasos minutos después del atentado perpetrado por la célula yihadista en el centro de la ciudad la Guardia Civil recibió una información fiable sobre “una matrícula” que pudiera tener vinculaciones con la acción terrorista. Esta, condujo a los agentes hacia el establecimiento de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) en el que se alquilaron dos furgonetas. Los vehículos que formaron parte del plan terrorista en la capital catalana.
Siempre de una forma reservada y sin compartir con ningún cuerpo policial aquellos indicios, la Guardia Civil se personó en las oficinas. In situ, recabó información sobre los presuntos autores y otros detalles alrededor del atentado.
Malestar en los Mossos
Poco después, agentes especiales de los Servicios Centrales de Información de los Mossos d’Esquadra acudieron a las mismas dependencias de Santa Perpètua. Iban a recabar datos que, total o parcialmente, coincidían con los que acababa de obtener la Guardia Civil.
De esta forma, minutos después del atentado dos cuerpos descoordinados recababan datos. Uno, los Mossos d’Esquadra (avalados por la autoridad judicial), y otro, la Guardia Civil. Sendas investigaciones paralelas que evidencian las profundas disfunciones que presiden las relaciones entre los cuerpos policiales en materia de investigación sobre la lucha antiterrorista.
Las cartas sobre la mesa
Aquella misma tarde, en una reunión de estricto contenido policial a la que asistieron los responsables del ámbito de los Mossos, la Guardia Civil, el CNI y el Cuerpo Nacional de Policía se pusieron las cartas sobre la mesa.
Momento del registro de un domicilio el pasado viernes en la calle Pont d'Olot de Ripoll (Girona) / EFE
Sólo tras el requerimiento explícito que formuló el responsable de los Mossos a su homólogo de la Guardia Civil, el Instituto Armado reconoció que efectivamente tenían una línea de investigación abierta. Incluso aseguró que estaba “relativamente avanzada”.
Hacia las nueve de la noche de aquel fatídico jueves, con miles de personas todavía confinadas en decenas de establecimientos de los alrededores del atentado, la Guardia Civil compartió y más tarde cedió esa información con los instructores de los Mossos d’Esquadra.
Se había logrado reconducir una disfunción operativa “que no resulta inhabitual”, según un alto cargo policial en Cataluña. Con todo, cuando se producen, acostumbran a ser tapadas u omitidas por los responsables políticos de las administraciones afectadas.
Segundo incidente
Sin embargo, tan sólo 12 horas después otro incidente enturbió las relaciones entre ambos cuerpos y puso palos en las ruedas al operativo de investigación. Agentes de asalto de la policía autonómica se disponían, por mandato judicial, a la entrada y registro de siete pisos de Ripoll (Girona). Viviendas vinculadas directamente con las personas detenidas y con otros que estaban en busca y captura.
Los Mossos observaron con sorpresa como en un octavo inmueble de la población, de cuyas sospechas no tenían indicios, se detectaba la presencia de los grupos antiterroristas rurales de la Guardia Civil que, de forma unilateral, se disponían a realizar ese registro. Pidieron explicaciones a la jefatura. Sólo a partir de ese momento ambos cuerpos se avinieron a llevar a cabo ese registro de forma conjunta.
Superados ambos incidentes, la investigación se ha desarrollado al menos con aparente normalidad.
