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El Fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled / CG

Anticorrupción pide 70 años de cárcel para los narcos que iniciaron la Operación Macedonia

En el escrito de calificación del fiscal no aparece imputación alguna para ningún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contrariamente a lo sostenido por el juez durante ocho años

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Se trata de la primera y principal pieza de la llamada Operación Macedonia, una suerte de diligencias judiciales sobre un caso de narcotráfico en el que, además, según el juez instructor, Joaquín Aguirre, guardias civiles, policías nacionales y mossos d'esquadra habrían tenido alguna participación.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa a los presuntos delincuentes David Donoso, Alfredo López, Carlota Campoy, Gerard Martínez, David Altemir, Nerea Navarro y Pau Casanovas de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Al investigado Juan Miguel Bono le imputa un delito de narcotráfico.

En total, 70 años de cárcel para los presuntos delincuentes detenidos a raíz de la incautación, el día 28 de mayo de 2009, de 29 paquetes de lo “que parecía ser sustancia estupefaciente”. Sólo contenía cocaína uno de ellos.

Lío entre narcos

Según el fiscal, “en realidad lo que había sucedido es que el acusado Juan Miguel Bono había sido engañado por los también acusados David Donoso y Alfredo López, quienes habían ofrecido venderle a buen precio una cantidad muy importante de cocaína --50 kilos--  a cambio de 600.000 euros. Donoso y López habían preparado 29 paquetes, pero solo uno de ellos contenía cocaína”.

La treta se consumó, y Bono, incauto, mordió el anzuelo, les pagó en aquel momento 450.000 euros por una bolsa de coca y 28 de yeso y azúcar.

Gracias a una confidencia, la Guardia Civil fue avisada y precipitó la detención de Bono prácticamente infraganti.

El “supercaso” de corrupción policial

Este episodio dio lugar al inicio de la Operación Macedonia que lideró --y continua haciéndolo--, el juez de Instrucción número 1 de Barcelona, quien pensó --no se sabe en base a qué datos objetivos-- que estaba “ante una nueva Operación UCIFA” (en relación al renombrado operativo que hace años se desarrolló en la Audiencia Nacional contra unos guardias civiles que traficaban con la cocaína que se incautaban).

Aguirre, en aquella inicial fase de instrucción, sospesó seriamente realizar una entrada y registro en la comandancia de Barcelona y proceder a la detención de los miembros de la unidad orgánica de policía judicial, ante la sospecha de que se trataba de “agentes narcos” que habían sustituido la coca por el yeso.

Finalmente, no se atrevió a ordenar esa grandilocuente diligencia, entre otras razones, por haber sido disuadido por fiscales mucho más bregados que él en la lucha contra el crimen organizado sabedores de la ausencia de mínimos indicios que lo justificasen. Aun así, empecinado en su teoría, imputó a un buen número de estos agentes. Con el tiempo sólo un reducido grupo de ellos fue a juicio y no por estas sospechas, sino por un leve error en la redacción de un atestado. La Audiencia les absolvió de forma fulminante.

Aguirre buscó agarraderos  

No sólo eso. Aguirre llamó a capítulo a los agentes especiales en crimen organizado de los Mossos y les pidió que le ordenasen la detención de los guardias. Los Mossos, atendiendo a la inexistencia de base policial incriminatoria suficiente, se negaron a formular esa petición añadiendo que si Aguirre les ordenaba esos arrestos, naturalmente las ejecutarían, pero nunca por iniciativa de ellos.

El juez, meses después, ostensiblemente dolido por ese desaire, acabó imputando a algunos de esos mossos por una supuesta omisión de información en los atestados. Ahora eran los Mossos quienes, según el juez, colaboraban con los narcos.

En el transcurso de las indagaciones judiciales tras la detención de Bono, Aguirre tomó declaración al guardia urbano que obtuvo la confidencia y la puso en conocimiento de la Guardia Civil. Como queda reflejado en los vídeos que recogen la declaración como testigo de este agente, Aguirre, con explícita arrogancia y enfado, no satisfecho con lo que estaba oyendo del interrogado, le amenazó abiertamente con imputarlo.

Las formas y reproches del juez --absolutamente incompatible con el proceder de un magistrado en el desempeño de sus funciones-- trascendieron a la opinión pública tras un reportaje emitido por TV3 donde aparecieron las imágenes de dicho interrogatorio. Ello provocó numerosas críticas de jueces y fiscales ante la actitud excesiva y desaforada de Aguirre.

El juicio contra estos presuntos traficantes se celebrará en la Audiencia Provincial de Barcelona.