La oficina más importante de Vall Banc en Andorra / VALL BANC

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Vida

Andorra: la paradoja del evasor de impuestos

Centenares de clientes de BPA exigen el desbloqueo de sus cuentas para regularizar el dinero que no declararon en España

27 julio, 2017 00:00

Se acerca del día en que ni un solo cliente de la banca andorrana podrá permanecer escondido tras subterfugios legales en el armario del anonimato.

Quizá por eso, o por un sobrevenido sentimiento de miedo provocado por el eco de la intervención del BPA hace dos años, el caso es que centenares, puede que incluso miles de clientes de BPA (la mayoría residentes en Cataluña y Madrid), cuyas cuentas fueron traspasadas a Vall Banc, imploran disponer de su dinero retenido desde entonces.

El dinero que no se toca

La mayoría de ellos son poseedores de activos en renta variable que permanece inmovilizada y cuyos contratos quieren rescindir. El objetivo: disponer del líquido para regularizarlo lo antes posible y acabar así con el mal trago que empezó, sin saberlo, el día que, hace 10, 20 o 30 años, decidieron depositar sus ahorros no declarados en la banca de Andorra.

Bajo la lupa y tutela del regulador financiero andorrano INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances) los más de 20.000 clientes de BPA, cuyo dinero se acreditó que es de lícita procedencia y cuyas cuentas y depósitos, por consiguiente, fueron trasladados a Vall Banc tras la intervención, reclaman amparo al Gobierno andorrano. Desde ese banco (un invento del Ejecutivo de Andorra), se les informó que en julio podrían disponer de sus depósitos e inversiones. El mes está a punto de acabar y los más de 500 millones de euros acumulados por ese grupo de afectados continúan congelados. Y el INAF, impertérrito, sigue sin mover ficha.

Demandas judiciales

Es por ello que esos clientes, hartos de esperar, de promesas incumplidas y urgidos por el devenir de los acontecimientos financieros en Andorra han empezado a bombardear los juzgados del Principado con un alud de reclamaciones civiles contra Vall Banc por incumplimiento de contrato.

El Gobierno, el INAF y la fiscal andorrana saben y han constatado que ese dinero no tiene ninguna procedencia delictiva, más allá de que sus propietarios olvidaron declararlo en España. Es por ello, que esos clientes (muchos de ellos, reputados miembros de significadas familias españolas) quieren acabar cuanto antes con la angustiosa situación que viven y la dificultad y urgencia que tienen de enmendar sus olvidos tributarios. El propio sistema que les sedujo y facilitó la fuga de capitales, ahora, les impide la regularización. Paradójico.