Los accionistas mayoritarios de BPA reciben un espaldarazo judicial

Giro inesperado en el llamado caso BPA. El embrollo judicial ­­que enfrenta al Estado de Andorra y a los exdirectivos de la desaparecida Banca Privada de Andorra, propiedad de la familia Cierco, cuenta antes de que se acabe el año con una resolución judicial en el Principado favorable a los acconistas mayortiarios de la entidad intervenida y liquidada. 

Higini Cierco junto a Joan Pau Miquel frente a la sala de vistas del 'Caso BPA' / CG

El Tribunal Constitucional publicó en la vísperra de Navidad una sentencia en la que desestimaba el recurso de la Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries d'Andorra (AREB) contra la antigua cúpula de la entidad. Se trata de una de las causas administrativas del pulso judicial que se mantiene desde 2015 en el país de los Pirineos, en España y en EEUU en el que el organismo público intenta despojar de su patrimonio a la familia Cierco y a la antigua alta direccón de BPA, el equipo que dirigía Joan Pau Miquel. Les solicitó una multa de 479 millones de euros por la "mala praxis generalizada" que asegura que existió en el banco y que fue motivo de su intervención. 

La AREB, condenada a pagar costas

Hasta la fecha, las tesis de la AREB había recibido el apoyo de la justicia del país. Pero esta última resolución cambia las tornas. El Constitucional indica que no se puede imponer ninguna sanción hasta que esta "mala praxis" esté demostrada y que esto es lo que se dirime en estos momentos en el Tribunal de Corts de Andorra, donde tiene lugar desde principios de junio el principal juicio de la macrocausa que sufre retrasos por el envite de la pandemia. 

Por todo ello, rechaza el recurso de la AREB contra una sentencia anterior de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y le da un correctivo severo. El primero que encaja el organismo público desde 2015, ya que le impone pagar las costas del proceso. De este modo, además de no poder proceder a confiscar el patrimonio de los Cierco y los antiguos gestores de BPA, la agencia tendrá que hacerse cargo de todas las facturas derivadas de su infructífero recurso.

El papel de fiscalía

Destaca, asimismo, el papel que ha ejercido el fiscal del caso, Alfons Alberca, en la causa del Constitucional. Hasta ahora, el Ministerio Público se había mostrado muy duro contra los accionistas mayoritarios de BPA y había defendido las tesis del Gobierno del Principado. Cabe recordar que solicitó penas y sanciones económicas muy elevadas tanto para Miquel, como para 23 extrabajadores del banco por haber presuntamente facilitado operaciones de blanqueo de capitales a través de “operaciones de compensación”. Con todo, en esta ocasión ha apoyado el toque del Constitucional al AREB. 

Alberca solicitó que se rechazara el recurso de amparo presentado por la AREB, hecho que genera dudas sobre cuál será su posición a partir de este momento. 

Jordi Cinca, exministro de finanzas

Este cambio de proceder de la judicatura de Andorra también se debe leer en clave política. De forma concreta, en la influencia que ejercía el anterior ministro de Finanzas del Principado, Jord Cinca, sobre todo el proceso. El ejecutivo, cuyo pasado turbio --estuvo en el desfiladero por su presunta implicación en el escándalo financiero de los Papeles de Panamá y en el tráfico de diamantes de sangre-- fue el que tuteló la intervención y liquidación de BPA y orquestró la ofensiva legal contra los Cierco y la antigua cúpula del banco. Dió forma a la AREB y puso a sus allegados y ejecutivos de confianza al frente de esta entidad, que nació al calor del caso BPA. De hecho, sus miembros son conocidos en el Principado como los Cinca boys. 

Jordi Cinca, el ministro de Finanzas de Andorra / FLICKR

Tras un receso durante diciembre por indisposición del presidente del tribunal, el juez Enric Anglada, las sesiones del juicio contra el BPA se reanudarán después de Reyes si la situación epidemiológica lo permite. Lo hará tras otro cambio que puede ser significativo en la causa. El presidente de la AREB, Albert Hinojosa, dimitió y su salida de la entidad se hará efectiva el 1 de enero de 2022. Se trata de uno de los hombres de máxima confianza de Cinca. El rol de su sucesor en un caso que ha removido el Principado será clave para su resolución.