Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona / COMB

Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona / COMB

Vida

El Colegio de Médicos, cercado por el despido de un directivo

Colegiados de a pie exigen a Jaume Padrós saber cuánto costó al COMB la 'purga' del galeno y si tuvo pérdidas de 139.000 euro tras la destitución

29 julio, 2021 00:00

El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) lidia con un incendio por el despido de un alto cargo al que destituyó por motivos políticos en 2020. Médicos colegiados de a pie exigen al ente colegial saber cuánto costó la indemnización por el cese de Alex Ramos, la retribución durante los dos años en los que el COMB quitó competencias al facultativo y si tras la salida de este el instituto de formación que dirigía encajó pérdidas tras 10 años de beneficios. 

Es lo que dice un requerimiento firmado por siete galenos al que ha podido acceder este medio. El documento, dirigido al presidente del colegio, Jaume Padrós, constata que el doctor Alex Ramos fue apartado de su puesto de director Centro de Estudios Colegiales, después renombrado como Instituto de Formación y Liderazgo (IFMIL), en 2018 tras 30 años en el cargo. Después más de dos años de "vaciado" de funciones, el profesional fue despedido de forma improcedente. 

Pacto en el juzgado en febrero de 2021

Es lo que reconoció el ente colegial en febrero de 2021 cuando, antes del juicio por la destitución del facultativo, la defensa del COMB pactó un despido improcedente y una indemnización al que había sido alto cargo. Un acuerdo que no tapó el porqué de su salida: además de médico y director del CEC, el galeno es vicepresidente de la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC). 

Ahora, un grupo de compañeros se dirige al presidente de la institución médica para saber diversas cosas. La primera es conocer por qué aceptó el colegio el despido improcedente si antes defendió que había sido por "motivos disciplinarios". Piden los siete firmantes confirmar este extremo y el motivo del cambio de criterio del ente de derecho público, así como la autorización a su equipo legal para pactar la improcedencia y el coste de la misma. 

¿Cuánto costó?

Más importante si cabe, los colegiados piden a la junta que encabeza el doctor Padrós saber el coste del salario del doctor Ramos entre marzo de 2018 y octubre de 2020, cuando se le vació de sus funciones, apartándole de director del CEC y castigándole en un despacho. Asimismo, los profesionales plantean al presidente del COMB que aclare si el centro de formación tuvo pérdidas por valor de 139.000 euros tras la salida forzosa de su director. 

Ello, el quebranto, tuvo lugar después de 10 años seguidos de beneficio en el instituto que comandaba el doctor Ramos. En el plano del buen uso del dinero común, en este caso colegial, los siete firmantes solicitan conocer cuál es la diferencia entre el despido improcedente y uno disciplinario, el que defendía inicialmente el colegio. Piden también que se entregue la autorización de gasto y la partida presupuestaria a la que se imputó, y la suma total del despido político del alto cargo. 

Purgado por ser de Sociedad Civil

En efecto, la destitución del doctor Alex Ramos fue improcedente y tuvo lugar tras su posicionamiento político. El galeno es vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), lo que le costó el cese como director del centro de formación del Colegio de Médicos de Barcelona tras 30 años de trayectoria "intachable". La víctima denunció por partida doble, y el ente colegial se avino a un pacto de última hora para parar el escándalo. 

Puede ser tarde. La junta del doctor Jaume Padrós, también exdiputado de CiU en el Parlamento catalán, gastó el dinero de los colegiados para pagar a un profesional al que había desposeído de sus funciones y castigado en un rincón. Asimismo, abonó la indemnización para evitar un bochornoso juicio y sostuvo una pérdida de 139.000 euros tras desprenderse del directivo. La cantidad exacta de cuánto costó el caso Ramos es lo que piden ahora conocer los colegiados de a pie, pues sostienen que si de una Administración Pública se tratara habría mimbres de malversación