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Varios vehículos de motosharing aparcados en una acera / ECOOLTRA

ADAC denuncia que 1.000 motos de uso compartido circulan en Barcelona sin licencia

Las empresas eCooltra y Acciona operan un exceso de vehículos "abusando del espacio público"

3 min

La Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC) ha denunciado la circulación en Barcelona de más de 1.000 motos de uso compartido sin licencia. En dos cartas remitidas a Manuel Valdés, gerente adjunto de movilidad e infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, la entidad ha transmitido sus quejas sobre el abuso del espacio público llevado a cabo por estos vehículos de motosharing.

Sin embargo, la ADAC todavía no ha recibido ninguna respuesta del consistorio. La plataforma propone que se realice un censo del número de vehículos y se requiera a las concesionarias que regularicen el exceso de ciclomotores.

Incumplimientos de eCooltra y Acciona

A la espera de la actuación del ayuntamiento, la entidad ha realizado su propia medición utilizando fuentes públicas y privadas de información. La conclusión de su estudio es que eCooltra y Acciona tienen en circulación una cantidad excesiva de motocicletas.

En concreto, eCooltra opera más de 1.000 vehículos, mientras que la cantidad de usuarios de Acciona alcanza los 1.500. Ambos operadores solo cuentan con 633 autorizaciones provistas por el gobierno municipal. La ADAC no ha detectado incumplimientos del resto de compañías de motosharing.

"Abuso del espacio público"

En un comunicado, la asociación alerta de que "esta situación afecta al usuario de este tipo de vehículo ya que, en caso de accidente, podría quedar desamparado". "Pero afecta también de forma directa al ciudadano, que no solamente deja de recibir unos servicios públicos que se pagarían con el dinero de esas licencias, sino que, además, sufre el abuso del espacio público", asegura.

"ADAC defiende el uso de motocicleta y del ciclomotor porque está convencida de que beneficia a la movilidad responsable. Precisamente por ello, denuncia que se lleve a cabo de forma fraudulenta, ya que perjudica a ciudadanos, administraciones y a las mismas empresas operadoras", concluye el escrito.

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