Se llaman abarlofarras y son la última pesadilla de los ecologistas. La última se celebró el fin de semana en Cala Massoni, un paraje idílico de la Costa Brava a caballo entre las localidades de Palafrugell y Mont-ras (Girona). Congregan a jóvenes de alto abolengo en calas protegidas y zonas encantadoras del litoral catalán. Éstos se organizan vía Instagram para confluir en espacios naturales y dar rienda suelta a sus pasiones. El asunto se ha convertido en crisis política y hoy miércoles habrá una minicumbre para tratar el problema en el Ayuntamiento de Mont-Ras.
Fuentes cercanas a la organización aportan más datos de los encuentros. Pese a que los ambientalistas denuncian que las juergas se remontan a 2018, las voces consultadas revelan que las fiestas marinas "se vienen celebrando durante al menos seis años". Agregan que en el epicentro de la nueva pesadilla de los ecologistas figuran apellidos ilustres de la burguesía catalana: hijos de grandes sagas y empresarios. ¿Cómo proceden? "Se montan varias en verano en un punto concreto y acude la gente que está veraneando en la Costa Brava. También sube gente de Barcelona ciudad", revelan. Tras la convocatoria, el jolgorio. Los participantes fondean sus botes, barcos y yates en las rocas o los atan entre sí, en una maniobra de abarloar, lo que da nombre a las quedadas. Después, corre el champán y los gin-tónics, y la música ameniza la velada, aunque ésta venga de un grupo generador y dos altavoces, como ocurrió el 10 de julio en Cala Massoni.
"Daño en el entorno y la posidonia"
Las abarlofarras, cuya cuenta de Instagram fue cerrada ayer martes tras trascender la salvaje quedada del sábado, 13 de agosto, desquician a las oenegé. Marga Riera es portavoz de Salvem El Golfet y enumera una larga lista de impactos. "En una zona que es Espacio de Interés Natural (EIN), que figura en el plan autonómico de espacios naturales (PEIN) y que está integrado en la red Natura 2000, las consecuencias son graves. La más evidente es el ruido y la sociedad, que deterioran un entorno muy frágil. Pero luego está también el dragado involuntario del fondo marino con las anclas de los barcos, o los daños sobre la posidonia, que juega un papel fundamental en el ciclo de vida", subraya. Recuerda la activista verde que las embarcaciones de recreo deben fondear a cierta distancia de la orilla. "Es para evitar daños en el rompeolas. Pues bien, en este caso se incumpliría", avisa.
A este respecto, Salvem El Golfet recuerda que en zonas como las Islas Medas o el Cap de Creus está "prohibidísimo" fondear o amarrar un buque por su elevado nivel de protección. Es esta coraza legal la que, precisamente, reclaman para otras zonas de la Costa Brava. Los ayuntamientos pueden presentar planes de usos a la Generalitat de Cataluña. Ello no se ha hecho ni en Palafrugell ni en Mont-ras. Por su parte, el Ejecutivo autonómico tiene en su cajón de dosieres sin resolver una nueva Ley de Ordenación del Litoral que, junto a muchos otros textos legislativos, no ha visto la luz, atrapado en la parálisis política en la autonomía. ¿Qué se puede hacer en el ínterin? "Que actúen los ayuntamientos, diseñando planes de uso restrictivos. Que se coloquen dos tipos de boyas, unas de delimitación y otras de amarre, todas ellas ecológicas", proponen los ambientalistas.
Moda consolidada
Estas medidas temporales de protección llegarán tarde a los parajes naturales en los que ya se han celebrado soirées marinas sin permiso, regadas de alcohol y con vehículos como motos acuáticas. Por lo pronto, este verano se cuentan tres: la del fin de semana de Cala Massoni, una Paella Party el 13 de julio en el mismo idílico lugar y una reunión de buques y motos de agua ante la costa del Maresme el mismo día. ¿Quién ha participado en los eventos ilegales? Según las incontables fotografías que circulan por la red social de las imágenes. directivos de empresas funerarias, hijos de conocidos directivos en lugares de representación patronal en Cataluña; propietarios de concesionarios de vehículos de lujo, directivos de multinacionales o senior lawyers de conocidos bufetes de abogados, por nombrar algunos.
No se exponen los participantes a problemas legales de calado, pero sí a multas que pueden provocar una abolladura en su economía doméstica. La Ley 5/2006 para la Protección de los Espacios de Relevancia Ambiental prevé sanciones de entre 6.000 y 450.000 euros para los propietarios de las embarcaciones de recreo que fondeen en lugares no permitidos. No obstante, la horquilla más alta de multas se contempla solo si se ha causado un daño irreparable en el entorno protegido. En paralelo a ello, existe una vía administrativa de sanción: un expediente del Gobierno autonómico. Se desconoce si Palafrugell y Mont-ras han explorado esta opción. Por lo pronto, el alcalde de la primera localidad ya ha trasladado el caso a la Guardia Civil para que inicie pesquisas.
