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Fèlix Millet y Jordi Montull.

¿A qué esperan para celebrar el juicio por el caso Palau?

Siete años de tramitación de una causa que apunta directamente a la financiación irregular de CDC y cuyo retraso en la fijación de fecha del juicio genera suspicacias en círculos políticos y judiciales

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“La agenda penal es una parte importante para explicar el procés”.

“No habrá respuesta global al procés que no contemple la salida de la agenda penal”.

Son algunas de las afirmaciones, casi confesiones, vertidas a Crónica Global, por diversos magistrados (de la Audiencia Provincial de Barcelona y del propio del Tribunal Supremo), cuando han sido preguntados por el motivo que subyace en el manifiesto y alarmante retraso para fijar la fecha de juicio por el llamado caso Palau.

Han trascurrido casi siete años desde que los Mossos irrumpieron en el Palau de la Música y se procedió a la imputación de su presidente, el prohombre de la ciudad y del país Félix Millet.

El fiscal se mantiene firme

El fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ullet, que ha mantenido indemne su posición acusatoria con firmeza y sin sucumbir a los cambios de jueces instructores y a las resoluciones de la audiencia a menudo sorprendentes, presentó el escrito público de calificación provisional por el presunto expolio del Palau durante el mes de octubre del 2013.

Sánchez Ullet pide 27 años para Millet y para el vicepresidente, Jordi Montull, y cifra en más de seis millones de euros la cantidad que CDC habría recibido irregularmente del Palau.

El fiscal cree que Convergència Democrática de Catalunya es responsable a título lucrativo del desvío de dinero de las arcas del Palau y ha sentado en el banquillo de los acusados a Daniel Osácar, el tesorero del partido también imputado en el llamado caso 3%.

Fuera de plazo

Siete años transcurridos y el caso que, hasta el momento, más va sonrojar (por flagrante, a tenor del informe de Anticorrupción) a un determinado espectro político nacionalista catalán, sigue sin fecha de juicio. El tribunal no desencalla el calendario esgrimiendo respuestas (o retrasos en la notificación de respuestas) de una forma que empieza ser, no sólo injustificable, sino, además, insultante, en opinión de las fuentes judiciales consultadas.

Personación sospechosa

Hace más de siete meses, el fiscal presentó un recurso contra la personación de un grupo de particulares de la Ametlla del Vallés (población barcelonesa donde reside el principal imputado), que reclamaba a Millet el dinero por unas facturas correspondientes a trabajos en su casa, una cantidad que, según parece, Millet les dijo que sería abonada con dinero de la institución, a pesar de que se trataba de trabajos domésticos y en su ámbito particular.

En fuentes próximas a la fiscalía hay quien sospecha, incluso, que esa personación está inducida por el propio Millet para dilatar la causa. Sea como sea, Sánchez Ullet recurrió esa personación y el tribunal ha invertido siete meses para resolver y notificar dicha respuesta para la que, legalmente, contaba sólo con tres días de margen.

Preguntas que escuecen

¿A quién interesa ralentizar el caso? ¿A quién no? Esas preguntas fueron también las respuestas literales de aquellos jueces y magistrados a este medio.

“Los vasos comunicantes entre justicia y política  son evidentes, pero en ocasiones resultan, además, despreciables”, reconocen.

¿Y tendrá relación con todo ello el hecho de que el hasta ahora presidente de la Audiencia (institución que juzgará el caso) Pablo Llanera, ha pedido salir de Barcelona para ingresar en el Tribunal Supremo, plaza que ha obtenido?

¿A quién le interesa una Audiencia descabeza que ha de albergar el juicio más vergonzante para con el partido que pilotó Catalunya durante 25 años?