Durante décadas, el sistema público de salud de Cataluña funcionó muy bien y cosechó un considerable prestigio. Siempre tuvo una fuerte presencia del sector privado. De hecho, de su presupuesto sanitario global Cataluña destinaba al sector privado bastante más del 10%, la media española. Era una forma de hacer coherente el sistema con la fuerte penetración de las mutuas entre los catalanes.

Esa congruencia estaba impregnada, por supuesto, de los trapicheos de los dos partidos –CiU y PSC- que se repartían el gobierno autonómico y el local. Eran unos negocios con nombres como diagnóstico por la imagen, laboratorios y análisis clínicos. Todo el mundo que mandaba pillaba algo, pero la máquina funcionaba.

Hasta que Artur Mas tomó las riendas de la Generalitat y colocó a Boi Ruiz, presidente de la patronal hospitalaria, al frente de Salud: la zorra al cuidado del gallinero. Con este quintacolumnista al mando, el trasvase de las arcas públicas a las privadas llegó al 25%. Mientras, los hospitales del sistema cerraban plantas y reducían el número de operaciones. También implantó el euro por receta para aumentar los ingresos y, sobre todo, para desincentivar a los usuarios. Tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien pusiera fin al despropósito.

Desde el Govern se dieron cifras para justificar esa transfusión de recursos. Los actos médicos del sistema público costaban más que los del privado: los salarios, las plantillas, las inversiones en tecnología eran mucho más costosos en uno que en el otro.

Solo en 2011, las mutuas catalanas ganaron un 2,5% de afiliados, hasta casi los dos millones: el 28% de la población. Ruiz y sus secuaces habían conseguido sus objetivos, hasta tal punto que muchos de ellos están encausados por meter la mano en la caja. Las necesidades de financiación del partido y su avidez personal les llevaron a cometer auténticas salvajadas, de las que la CUP dio cuenta en los juzgados. La historia de Josep Prat al frente del ICS es sencillamente increíble. Ríanse de las puertas giratorias.

Un giro de 180 grados inspirado por quienes denunciaron a los cuatreros y que ejecuta ERC, mientras CDC/PDC mira hacia otro lado desde la presidencia de la Generalitat

Pues bien, cuando el mismo partido –aunque con otro nombre- gobierna en Cataluña, el mismo departamento de Salud rompe los acuerdos con algunos de aquellos hospitales con los que se habían firmado conciertos. El criterio para la expulsión del Siscat es, nada menos, que los centros señalados tienen ánimo de lucro. Como si fuera un delito.

Un giro de 180 grados inspirado por quienes denunciaron a los cuatreros, pero que ejecuta ERC mientras CDC/PDC mira hacia otro lado desde la presidencia de la Generalitat.

El problema no está en el cambio de política, que quizá pueda estar justificado desde el punto de vista ideológico, sino que no se explica ni se dan cifras. No vale decir ahora lo contrario de lo que se decía hasta enero pasado sin tomarse la molestia de justificarlo con datos. Y mucho menos cuando los recortes han mermado la capacidad de los hospitales públicos, de forma que no pueden absorber los pacientes que dejarán de ser atendidos en los centros castigados.

Es muy probable que si Toni Comín acude al Parlament a explicar su volantazo tenga que dar cuentas de lo que ha encontrado debajo de la alfombra de su despacho, pero es una responsabilidad que debe asumir. Sin ese ejercicio de transparencia, su política queda muy tocada, tanto como el desastre de su antecesor.