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Manifestación de los pensionistas en Cataluña en defensa de unas pensiones dignas

Los 650.000 pensionistas funcionarios silenciosos

Desbandada para acceder a la anticipada entre los 1,2 millones de clases pasivas por temor a una equiparación con la Seguridad Social

23.09.2019 00:00 h.
6 min

Las pensiones de funcionarios o clases pasivas, nunca saltan al debate público ni a protestas bilbaínas o estatales, como la que se prepara el 16 de octubre. Parece que no peligran. Sus beneficiarios suman 646.819 según datos estatales. Pero muchos de los 1,2 millones de aspirantes corren a solicitar la anticipada por temor a una equiparación con las pensiones contributivas de la Seguridad Social

Estas retribuciones, que suponen el 6,3% de todas las públicas, son pagadas directamente el Ministerio de Hacienda a militares, policías, jueces, docentes, excargos públicos y personal administrativo y de justicia. No se incluyen la mayoría del personal sanitario, empleados de RTVE y otras empresas públicas. Se trata de personal estatutario pero sin “plaza en propiedad” y cotizan por la Seguridad Social

Las ventajas de clases pasivas son tres años menos que las contributivas de trabajo “o servicio” para acceder a la anticipada (60) y cinco años menos (30 frente a 35) para evitar penalizaciones. Además, la cuantía media es de 1.700 euros, un 40% superior.

Debandada y factura

Según datos de UGT las jubilaciones anticipadas o prejubilaciones voluntarias en el régimen de clases pasivas de la Administración General del Estado han crecido un 400% entre 2008 y 2017. Hace 9 años fueron 3.000, el pasado rondaron los 16.000 y el presente superarán los 35.840 nuevos beneficiarios.

Los sindicatos atribuyen esta diáspora a los recortes sufridos por el colectivo durante la crisis con una pérdida del 13% del salario, la desmotivación creciente y la incertidumbre. O sea, miedo a reducciones.  

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 en el Congreso de los Diputados / EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 / EFE

La factura de estas pensiones alcanzarán este año los 15.500 millones de euros, según las previsiones del Gobierno recogidas en el proyecto de presupuestos que tumbó el Congreso de los Diputados a principios de año.

Elección a los 60 o 70

Estos funcionarios pueden seguir en activo hasta los 70 años. De hecho, jueces y profesores universitarios superan esta edad. Los docentes de primaria, secundaria y Bachillerato, son los primeros en retirarse, por la “dureza de trabajo y la brega con niños y adolescentes”, según un portavoz de CCOO.

Estos profesores coparon en 2017 más de la mitad de las 25.000 jubilaciones. Lo hicieron con una media de 60,52 años y una pensión mensual media de 2.321 euros, casi 1.000 euros más que la de los cotizantes a la Seguridad Social. Les siguieron los auxiliares de la Administración General del Estado, que se retiraron con una media de 60,87 años y una pensión de 1.365 euros, todavía por encima de la media nacional.

Diáspora Zapatero

La fecha de extinción de este régimen, tras varios amagos de los ejecutivos de Felipe González y José María Aznar, la acordó el Ejecutivo de Zapatero: 1 de enero de 2011, una semana después de su deserción y convocatoria de elecciones.

Los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González / EFE
Los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González / EFE

Desde ese día los nuevos funcionarios pasaron a cotizar al régimen general de la Seguridad Social. El final de clases pasivas está previsto para en torno al 2080 cuando fallezcan los últimos trabajadores que llegaron a él, en torno a 1,2 millones.

Silencio partidista

Los partidos políticos, dentro o fuera del fracasado Pacto Toledo, no han mostrado ningún interés por liquidarlo o equipararlo al resto de trabajadores. Es más, eluden toda mención en sus programas electorales. “Normal. A los profesionales de la cosa pública, incluidos los secesionistas, les va bien su continuidad y mejor sin luz y taquígrafos”, asegura Roberto Rodríguez, analista político.

Alain Cuenca, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, denuncia en varios foros que las pensiones de los funcionarios son una desigualdad silenciada. Defiende que no es de justicia que se prolongue más tiempo. “Deben aplicarse las mismas reglas a las pensiones sostenidas con dinero de todos, sean de servidores públicos o de pensionistas de la Seguridad Social”, sostiene.

Solución rajoyana

Otros especialistas advierten de que a las clases pasivas no se les aplicaron las reformas aprobadas en 2011 y 2013, de forma que pueden retirarse con la pensión íntegra cinco años antes que el resto. Sin embargo, el gobierno del PP sí les trasladó en 2015 la posibilidad de prolongar la vida laboral más allá de la jubilación y en 2016 el complemento por maternidad a madres de dos o más hijos.

Los sindicatos reconocen que el Gobierno de Rajoy no aguantó la presión del colectivo y no se atrevió a equiparar tras el recorte de una paga extra, congelación del sueldo, aumento de la jornada laboral y recorte de días libres. Rajoy, como en otras cosas, dejó que se arregle solo, con el tiempo. Y Sánchez anda en campaña permanente.