Un pasillo en la prisión de Puig de Les Basses (Figueres, Girona)

Un pasillo en la prisión de Puig de Les Basses (Figueres, Girona) EUROPA PRESS

Vida

El 40% de los presos en Cataluña están enganchados a las drogas

Según funcionarios y sindicatos, la entrada de sustancias se ha disparado en los últimos años, alimentada por el autoconsumo y el tráfico ilícito entre rejas

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En Cataluña, cuatro de cada diez presos sufren problemas de adicción a las drogas. El dato, proporcionado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, no sólo refleja la realidad en el interior de las cárceles, sino que es un espejo de lo que ocurre en las calles. Si hay consumo fuera, hay consumo dentro.

Las prisiones, lejos de ser burbujas aisladas, intensifican en ellas los problemas de la sociedad y, dentro, se magnifican sus conflictos.

De este modo, como pasa en la calle, el aumento del consumo y tráfico de drogas en los centros penitenciarios catalanes es un problema en escalada.

Según funcionarios y sindicatos, la entrada de sustancias se ha disparado en los últimos años, alimentada por dos factores principales: la demanda constante de los reclusos y la capacidad de las organizaciones criminales para adaptarse y mantener su negocio incluso tras los muros.

Estas sustancias no sólo llegan para el autoconsumo, sino también para alimentar un lucrativo mercado interno, controlado por bandas organizadas que imponen sus propias reglas y que, en muchos casos, generan violentas pugnas de poder.

Las vías de entrada

La droga se cuela en las prisiones a través de rutas cada vez más diversas. Los paquetes enviados por familiares son una vía tradicional, pero no la única.

En los últimos años, el uso de drones para introducir sustancias por vía aérea ha aumentado, lo que ha obligado al Govern a planear la instalación de inhibidores para 2025.

Imagen aérea del video grabado en directo por uno de los drones de la policía catalana

Imagen aérea del video grabado en directo por uno de los drones de la policía catalana GALA ESPÍN

Según fuentes penitenciarias, también se han detectado casos de complicidad de personal externo, como transportistas o trabajadores de mantenimiento, que han sido sorprendidos intentando introducir estupefacientes.

Sin embargo, la mayor parte de las sustancias entran a través de los reclusos, tras los permisos penitenciarios, o por familiares que buscan aliviar su mono. "Entra más droga de la que imaginamos", reconocen funcionarios, quienes denuncian que el incremento de las incautaciones no hace más que evidenciar la magnitud del problema.

Un mercado interno en auge

Dentro de las prisiones, la droga multiplica su valor, convirtiéndose en un negocio redondo para los narcotraficantes, muchos de los cuales siguen operando desde su celda.

Según los funcionarios, "la mayoría de los presos consume algún tipo de sustancia, desde marihuana y cocaína hasta heroína". Este mercado interno no sólo genera beneficios, sino también conflictos, con enfrentamientos violentos entre clanes rivales por el control del tráfico.

La percepción de impunidad agrava la situación. Desde el sindicato CSIF denuncian una aparente "permisividad" en el sistema penitenciario, donde las normativas se aplican con "excesiva flexibilidad".

"El tráfico y consumo de drogas en prisión parece salir gratis. Eso desalienta cualquier intento de rehabilitación", critican.

Imagen del acceso al Centro Penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Imagen del acceso al Centro Penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) EP

Tráfico de medicamentos

El problema del consumo de drogas no está aislado: un 60% de los reclusos padece enfermedades mentales. Este dato, junto al tráfico interno de medicamentos psiquiátricos, complica aún más la gestión penitenciaria.

En este contexto, las autoridades admiten que la erradicación total del problema es inviable, aunque destacan que el aumento de las incautaciones es un signo de que las medidas de control están funcionando.

El reto de un sistema desbordado

No obstante, las soluciones planteadas, como la instalación de inhibidores o el refuerzo de controles, chocan con la realidad de un sistema saturado, donde la convivencia entre adicciones, tráfico y problemas de salud mental dificulta cualquier intento de mejora estructural.

Desde el sindicato CSIF reclaman a la conselleria de Justicia y a la Dirección General de los Servicios Penitenciarios Catalanes que tomen cartas en el asunto y se muevan para promover espacios más seguros. Para ellos, es "urgente" implementar medidas efectivas como la medicación diluida. 

Mientras tanto, el problema persiste: las drogas fluyen detrás de los muros de las prisiones catalanas, reflejo amplificado de una sociedad que también enfrenta una epidemia de consumo en el exterior.