Menú Buscar

Ocurrencias

6 min

Incluso desde bastante tiempo antes de ser oficialmente convocada, todo el mundo sabía que la consulta del 9N no se iba a celebrar. Todo el mundo, excepto Artur Mas y algunos de sus más acérrimos acólitos. O al menos eso es lo que nos han querido hacer creer.

La verdad es que ni propios ni extraños acaban de entender la jugada del presidente Mas: cambiar la consulta prevista, por otra que no tiene las mínimas garantías ni democráticas ni de legalidad

La verdad es que ni propios ni extraños acaban de entender la jugada del presidente Mas: cambiar la consulta prevista, por otra que no tiene las mínimas garantías ni democráticas ni de legalidad. Él había dicho hasta la saciedad que el 9N se votaría dentro de la legalidad. Y, ahora, pocos días después de haber firmado el decreto convocando a las urnas, se descuelga diciendo que la consulta no se puede hacer. ¿Acaso no había previsto la que se le venía encima? Pensaba qué aprobar una ley y firmar un decreto es algo inocuo y sin más trascendencia? ¿Alguien en su sano juicio había llegado a imaginar que el Gobierno central se quedaría de brazos cruzados?

La cantidad de preguntas que se podrían hacer es casi infinita, pero cuesta creer que los cerebros pensantes del soberanismo catalán, no tuvieran un plan B debajo de la mesa ni un triste conejo que sacarse de la chistera.

El presidente ha sorprendido planteando, ahora, un proceso de participación ciudadana utilizando la cobertura legal que le otorga la Constitución y el Estatuto. El artículo 9.2 de la Constitución prevé que los poderes públicos "faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Según el artículo 43 del Estatuto los poderes públicos han de promover la participación social en la elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas". También el Gobierno autonómico se podría acoger a la Ley 10/2014 de Consultas Populares no Refrendarias y "otras formas de participación política" en los artículos no suspendidos por el Tribunal Constitucional. De todos modos, no deja de ser curioso que pretenda utilizar una Constitución que desdeña y que ha pretendido incumplir.

Tanto la clase política como la ciudadanía han quedado estupefactos con este sucedáneo de consulta del que sólo se ha concretado que habrá "locales, urnas y papeletas". Además el Gobierno de la Generalidad dará un margen de 15 días para ejercer el voto. El surrealismo puede llegar a cotas insospechadas.

En cualquier caso, Mas ha renunciado a la legalidad para adentrarse en el proceloso mundo de una consulta participativa. O sea, un simulacro de votación con carencias de todo tipo, y, así, es impensable que nadie en sus cabales le dé credibilidad alguna.

El Gobierno de la Generalidad dará un margen de 15 días para ejercer el voto. El surrealismo puede llegar a cotas insospechadas

Con esta ocurrencia (como dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sanez de Santamaría), Artur Mas ha abierto la caja de los truenos y ha tenido la virtud de ponerse a todos los compañeros de su irresponsable viaje a Ítaca en contra. Hasta Unió, su socio de coalición, por boca de Ramón Espadaler, su actual líder, tuvo que hacer una difícil finta para no rechazar de plano la salida del presidente, pero sí descartaron sin ambages el adelanto electoral y la declaración unilateral de independencia.

Por otra parte, el enfado en ERC es monumental y por más quieran poner paños calientes, han marcado distancias con la iniciativa y piden volver al pacto inicial o que se convoquen elecciones lo antes posible. Los chicos de la CUP se niegan a perder su 9N y creen que aún es posible retomar el camino (son cosas que a veces suceden cuando no se tiene la suficiente experiencia política). Y los ecosocialistas están que trinan porque piensan -y no les falta razón- que todo esto es una maniobra de Mas para salvarse él y salvar a Convergència. Hasta el Ejecutivo de Rajoy ha quedado descolocado puesto que no sabe como recurrir algo que no lleva implícitos actos legales.

De todos modos, quien ha vuelto a demostrar sentido común y sensatez es Josep Antoni Durán i Lleida. Desde su exilio dorado en el Congreso de los Diputados, ha puesto de manifiesto que dará soporte a lo que esté dentro de la legalidad. Y, a la vez, ha dejado diametralmente claro que si no se vota, no es porque no se quiera, si no porque no se puede. Asimismo, ha reiterado que lo que hace falta es una solución política a un problema político. Y es que como están las cosas, de una vez por todas, Mariano Rajoy debería mover ficha. Visto lo visto, el inmovilismo y las ocurrencias están de más, aquí y allí.

Artículos anteriores
¿Quién es... Bernardo Fernández?
Bernardo Fernández

Diputado autonómico del PSC entre 1999 y 2006. Técnico en Restauración de pieles y ex gerente de una empresa dedicada a la restauración de pieles. Afiliado al PSC desde 1980.

Comentar
jbm1966 25/08/2015 - 11:22h
Estoy de acuerdo, VictorFrancisco. Lo que pasa es que Mas ya no puede ser un interlocutor fiable. En cualquier caso, todo parece conducir a unas elecciones anticipadas.
Olegario 25/08/2015 - 11:22h
Esta equidistancia que implica a Rajoy en la esquizofrenia "nacionata" conseguirá que acabemos apreciando a Mariano por ser el pagano de las culpas ajenas. ¿No tienen los Sres. del PSC y afines otra argumentación algo más consistente que esta majadería?
VictorFrancisco 25/08/2015 - 11:22h
Rajoy debería mover ficha, pero no para ceder y punto como tanta gente sobreentiende. Rajoy debería ofrecer algo a cambio de algo más que un parón temporal independentista. Algunas competencias deberían ser devueltas al gobierno central a cambio de otras que irían a la Generalitat por ejemplo. Tu cedes yo cedo. Pero sobre todo debe el gobierno central activarse y ganar la batalla de la propaganda, por ejemplo apoyando a los catalanes que estamos en contra de la secesión igual que el nacionalismo apoya y subvenciona a los suyos.
¿Quiere hacer un comentario?