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Mienten

02.10.2013
10 min

Mentir: decir lo contrario de lo que se sabe,
se cree o se piensa con intención de engañar.

Mienten a los profesionales cuando dicen que quieren contar con su participación en la gestión, cuando lo que pretenden es que se unan, a cambio de alguna miserable prebenda, al coro de palmeros, asesores y consultores, mantenidos a cargo del erario público.

Mienten a los representantes sindicales cuando proponen negociaciones que consisten en firmar un contrato de adhesión, sin discusión ni oposición posible, bajo la constante amenaza de males mayores.

Mienten a los ciudadanos, que son los que pagan sus salarios y sus generosas dietas, cuando pretenden hacerles creer que la brutal disminución presupuestaria que han decidido imponer en sanidad, sin debate parlamentario ni social de ningún tipo, no influye para nada en el volumen de la actividad ni en la calidad de la asistencia.

Pero, ¿cómo no va a influir en la actividad la disminución del gasto en productos directamente vinculados a la actividad? Si se ha decidido, y es un ejemplo, que el gasto en prótesis de cadera ha de pasar a ser un 50% menor y, en consecuencia, sólo podrán adquirirse la mitad de las prótesis que se venían comprando hasta ahora, ¿alguien puede creer que el número de pacientes intervenidos no va a ser un 50% inferior? Tal vez es que los traumatólogos utilizaban la mitad de las prótesis excedentes como pisapapeles.

La existencia de listas de espera es consustancial a todo sistema sanitario público y universal

Pero donde la mentira alcanza las mayores cotas de manipulación y tergiversación es en la información sobre el impacto de los recortes en las listas de espera.

La existencia de listas de espera es consustancial a todo sistema sanitario público y universal. Esa es una evidencia conocida por todos, aunque la repiten día sí y día también para justificar, no ya la existencia de las listas, sino su incremento parejo a la disminución presupuestaria que han decidido imponer. El sistema de gestión y de priorización de patologías y de pacientes no es fácil, y la discusión sobre los criterios a utilizar supera la intención y el espacio de este comentario.

A principios de 2012, y después del recorte presupuestario del 10% durante el año anterior, el consejero Boi Ruiz admitió en rueda de prensa que durante ese último año las listas de espera en Cataluña se habían disparado un 42,1%, si bien matizó que buena parte de ese incremento se debía al envejecimiento progresivo de la población. El consejero negó mala gestión en patologías urgentes, a pesar de que un 40% de pacientes con cáncer tuvo que esperar más de 30 días para iniciar el tratamiento.

Ruiz, en esa misma rueda de prensa, anunció la reforma de la gestión de las listas de espera; cosa que no se hizo esperar. Poco tiempo después se crearon unas comisiones territoriales con la supuesta finalidad de "uniformizar y reducir la variabilidad clínica", cosa que, en la práctica, consigue retrasar la entrada de los pacientes en los registros oficiales y, en consecuencia, reducir su número y el tiempo de espera.

¿Que cómo se hace? Bien sencillo: no se incluyen a los pacientes que tienen pendiente alguna exploración complementaria (analítica preoperatoria, placa de tórax o electrocardiograma preoperatorio) o se exige para ser incluido en la lista un grado muy avanzado de la patología (por ejemplo: una mayor pérdida de visión en pacientes con cataratas que la que antes era exigible para ser incluido).

Según los datos publicados por la Consejería de Salud, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, el tiempo medio de espera de los pacientes intervenidos aumentó en un 35,7%: más de un 35% en un sólo año. En ese mismo período, en siete de las catorce intervenciones que tienen legalmente garantizado un tiempo de espera máximo de seis meses, se había superado ampliamente ese límite.

Ante la polémica generada por los resultados facilitados del primer semestre de 2012 y viendo los resultados que se avecinaban del segundo semestre de ese mismo año, la Consejería decide que los datos de ese segundo semestre se basarán en un nuevo parámetro: tiempo medio de espera de las personas pendientes de ser intervenidas, que es un dato distinto, pero mucho más favorable para maquillar los resultados, que el del tiempo de espera realmente transcurrido hasta ser intervenido el cual, en ese semestre, se había incumplido en las catorce patologías garantizadas. Mientras que el parámetro que facilita la Consejería es un futurible y, por tanto, incierto, el tiempo que han estado los pacientes esperando a ser operados es lo que refleja la realidad de lo sucedido. Y la realidad es, precisamente, lo que no se quiere dar a conocer. Para completar el escenario de transparencia informativa, la Consejería elimina los datos del histórico anterior de las listas de espera de su página web: ninguna posibilidad de comparación con los datos previos.

Se trata de desviar pacientes, pendientes de pruebas diagnósticas o de intervenciones de escasa complejidad, a centros privados

El pasado mes de junio, Metges de Catalunya (MC) denuncia en rueda de prensa la manipulación que la Consejería de Salud está realizando para ocultar el impacto de sus recortes sobre las listas de espera y, entre otros datos, aseguran que más de un millar de pacientes llevan esperando más de cinco años para ser operados en el Hospital de Bellvitge. Acusan a Boi Ruiz de mentir cuando pretende minimizar las consecuencias de los recortes presupuestarios en sanidad pretendiendo reducirlo todo a un conflicto laboral y salarial, y manifiestan su preocupación por el impacto de los nuevos recortes ya anunciados para el año 2013.

De forma prácticamente inmediata, el ICS arremete contra MC, y le acusa de desinformar y alertar a la población, así como también de dañar voluntariamente la imagen de los centros y de los profesionales. Ningún dato concluyente que desmienta las informaciones facilitadas por el sindicato de profesionales médicos.

Coincidiendo con el anuncio de nuevos recortes presupuestarios (20% de disminución para los centros de atención primaria en tres años), y con la supuesta pretensión de mejorar la eficiencia del sistema, se ha puesto en marcha un nuevo sistema para disminuir los pacientes de las listas de espera. Se trata de desviar pacientes, pendientes de pruebas diagnósticas o de intervenciones de escasa complejidad, a centros privados, a pesar de que en los centros públicos de referencia, donde debería prestarse la asistencia, se dispone de instalaciones disponibles y de personal cualificado para realizar la misma actividad con igual o menor coste y, sin duda alguna, con mayor calidad.

Esas derivaciones, que en ocasiones se realizan en lugares muy alejados del domicilio del paciente y de su centro asistencial de referencia, permiten aligerar la lista de espera puesto que el paciente es dado de baja de la lista en el momento en que se le comunica la derivación, con independencia de que la acepte o no. En algunos centros públicos se ha llegado a proponer a sus gerentes la posibilidad de que, además de derivar a los pacientes y con la excusa de que no pierdan el contacto con sus médicos de referencia, sean estos mismos profesionales los que también se desplacen al centro privado para atenderles, dentro de su horario de trabajo y con retribuciones a cargo del presupuesto del centro público. Ni más ni menos que lo que se pretende que hagan los médicos del Hospital Clínico respecto al Sagrado Corazón gestionado por IDC Salud (CAPIO).

La decisión de privatizar la sanidad dejando su regulación, como se hace en otros países, en manos del mercado, es una opción política que obedece a una ideología neocapitalista, con la que se puede o no estar de acuerdo, aunque sea un fraude social no incluir ese proyecto en el programa con el que se concurre y se ganan unas elecciones. Fingir que se conservan los principios de una sanidad pública y, a la vez, aprovechar el ejercicio del poder para facilitar el lucro y beneficio privado, propio o cercano, a expensas de la inversión y del gasto público, no es una opción política ni ideológica; ni tampoco es mentir. Eso es, simplemente, corrupción.

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¿Quién es... Carme Pérez?
Carme Pérez
Radióloga y abogada. Presidenta del Comité de Empresa del Hospital de San Pablo de Barcelona, centro sanitario en el que trabaja desde 1979. Es diputada autonómica por Ciudadanos desde mayo de 2014.
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Olegario 02/10/2013 - 22:38h
Gracias por la elaboración seria y bien documentada. Demuestra lo que cualquier persona crítica sabe de manera más intuitiva y genérica: nos están "robando la cartera" mientras nos entretienen con el derecho a decidir y otras fantasmadas-fantasías-fantásticas. ¿Qué estamos haciendo los catalanes para merecer estos dirigentes de pesadilla?. Habrá que pensar y actuar. Urge
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