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La justicia investigará la adjudicación a dedo a un exgerente de la ACA

El juzgado de instrucción admite a trámite la querella de la Fiscalía, contra el actual presidente de Infraestructuras de la Generalidad y otros 12 ex altos cargos de la Agencia Catalana del Agua.

12.06.2015 17:09 h.
5 min
Redacción

La presunta adjudicación irregular de un contrato millonario en la Agencia Catalana del Agua -que depende de la Generalidad-, a favor del exgerente de la misma, Joan Lluís Quer, ahora alto cargo del Ejecutivo autonómico, llega a la justicia. Exactamente un año después de que saltara el escándalo, tras una denuncia de la propia Generalidad, ahora un juzgado de instrucción investigará el caso.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha admitido a trámite este viernes una querella interpuesta el lunes por la Fiscalía contra Joan Lluís Quer y otros 12 ex altos cargos de la ACA, por presuntamente adjudicar a dedo un contrato millonario al propio Quer, ahora presidente de la empresa pública Infraestructuras de la Generalidad.

Adjudicación "pactada previamente con la adjudicataria"

En la querella, la Fiscalía sostiene que, en enero de 2008, el entonces director de la ACA, Manuel Hernández Carreras adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Quer un contrato, por valor de 3,75 millones de euros, de forma "pactada y decidida previamente de acuerdo con la adjudicataria".

El contrato, de consultoría y asistencia, tenía por objeto 'Trabajos de redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya', con un presupuesto máximo de cuatro millones. Pero esta cifra se superó ampliamente, según la querella, que sostiene que posteriormente y ya fuera del contrato, se firmaron con la UTE de Quer contrataron otros 38 trabajos complementarios, por valor de 3,93 millones adicionales, lo que suma un coste total de 7,6 millones de euros.

La querella considera estos trabajos complementarios como "un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito en favor de todas o algunas de las empresas integrantes de la UTE" adjudicataria.

Irregularidades de "grosero calibre"

La Fiscalía no tiene ninguna duda de la irregularidad de esta contrata, y de que se adjudicó a dedo. Hasta el punto de que afirma que los "expedientes administrativos" presentan "un cúmulo de irregularidades tan numerosas y de tan grosero calibre" que permiten "inferir" no solo la adjudicación a dedo y la maniobra para superar el límite presupuestario, sino que la explicación principal es que Quer era "una persona anteriormente vinculada al ACA y con relaciones políticas y profesionales suficientes para ejercer un ascendiente determinante sobre los responsables de la agencia pública".

Además de contra Quer y Carreras, la querella se dirige contra los ex altos cargos de la ACA Josep Bou Termens, Ana Barceló Caballero, María Teresa Rodrigo Aznar, Agustí Payá Pérez, Pedro Aurelio Verzier Lisón, Gabriel Borrás Calvo, Jordi Molist Gazapo, Antoni Munné Torras, Josep Maria Niñerola Pla, Jordi Rovira Cambra y Lorenzo Paolo Galbiati.

La querella les atribuye los presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedades en documento oficial y mercantil.

Los otros escándalos de Quer

Se da el caso de que Quer ya está salpicado en otros escándalos. Según un informe de inteligencia divulgado en septiembre pasado, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, habría "supervisado" las presuntas comisiones irregulares cobradas por CDC. Y el hombre clave en esta supervisión no sería otro que Quer.

Anteriormente, en 2011, se publicó que Quer podría haber incurrido en un evidente caso de conflicto de intereses, al haber invertido en los tres años anteriores más de 2 millones de euros en compañías privadas de ingeniería y asesoría de obras, cuando desde que llegó a la Generalidad, de la mano de Mas, fue nombrado presidente de empresas públicas del mismo sector: GISA (obra pública de la Generalidad), Ifercat (proyectos ferroviarios), Regsa (riegos para la construcción de canales y acequia) y Regsega (canal Segarra-Garrigues)

Estas empresas públicas se fusionaron posteriormente, en 2012, en Infraestructuras de la Generalidad, que pasó a dirigir, y aun dirige, el propio Quer.

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