La gran patronal catalana llevará a los tribunales la batalla con la Generalitat por la representatividad

Foment del Treball recurrirá ante el TSJC tanto el decreto que autoriza al Gobierno catalán a repartir el poder entre organizaciones empresariales como el dictamen de la Comisión Jurídica que despoja a Fepime de su cuota del 15%

17.09.2015 20:46 h.
5 min
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; la de Fepime, María Helena de Felipe; el de la Generalitat, Artur Mas; y el de Pimec, Josep González

La batalla entre el Gobierno de Artur Mas y la gran patronal catalana, Foment del Treball, terminará en los tribunales. El último movimiento del Ejecutivo catalán contra la organización empresarial más crítica con el procés ha sido intentar cambiar el mapa de representatividad de las organizaciones empresariales que salió, precisamente, de un tribunal. Y la organización responderá.

La patronal ha empezado a mover ficha para judicializar la pugna. Intentarán invalidar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tanto el decreto ley aprobado el pasado martes que marca las normas para avalar el peso de una organización empresarial en el mapa económico de Cataluña como el dictamen de la Comisión Judicial de la Generalitat aprobado el pasado julio en el que Mas despojó a la patronal Fepime, adscrita a Foment del Treball e integrada en Cepyme, de su cuota del 15% en los órganos de concertación social. El decreto aprobado obliga a las organizaciones a acreditar el número de empresas que tienen afiliadas, lo que favorece a las asociaciones de afiliación directa, frente a la confederaciones o cúpulas patronales.

Foment ya presentó recurso de reposición contra esta última decisión ante la Generalitat y tiene listo el contencioso administrativo, la misma vía elegida para frenar el decreto ley. Falta la autorización de la cúpula de la organización, que se espera recibir en la junta directiva del próximo lunes.

Pugna desde 2008

El argumento de la Generalitat es que el método con el que Fepime consiguió este porcentaje lo invalida. La pugna se remonta a 2008, cuando el tripartito gobernaba en la plaza de Sant Jaume y Mar Serna (PSC) encabezaba la consejería de Trabajo. La patronal de pymes presentó un recurso para conseguir el reconocimiento de organización representativa --y ganar sillas en los órganos de concertación social y negociación colectiva--, la Generalitat se la denegó y Fepime presentó recurso ante el TSJC.

Se salió con la suya a finales de 2011 por una cuestión de “silencio administrativo”, tal y como decretó el alto tribunal catalán. Mas aterrizó en el Ejecutivo a finales de 2010 y nadie del nuevo equipo del departamento de Empresa, liderado entonces por Francesc Xavier Mena, contestó a los requerimientos del TSJC para resolver la cuestión.

Pimec entra en el juego

La decisión del tribunal fue consensuada un año después en el Tribunal Supremo. La Generalitat tuvo que acatar la sentencia y quien salió perdiendo fue Foment. Fepime conseguía el 15% de la cuota que hasta entonces mantenía la casa madre.

La gran patronal se quedó con el 60% y Pimec, la tercera organización empresarial catalana, mantuvo su 25%. En principio salió indemne de la primera batalla, pero vio peligrar su estatus de patronal de las pymes en Cataluña y decidió plantar batalla.

Éxito desigual

Presentó un recurso de casación ante el Supremo, lo perdió y viró su estrategia. Entonces, pidió estar presente en las mesas de negociación colectiva en las que no estaba presente con una suerte dispar.

No pudo participar en la negociación del convenio del metal aprobado en mayo de 2014, uno de los más importantes por el peso del sector en la industria catalana, pero sí que ha conseguido voz y voto en la discusión sobre el acuerdo marco de las relaciones laborales en Cataluña que se acaba de estrenar, el Acuerdo Interprofesional de Cataluña. Acceder a esta mesa de diálogo no ha sido gratis, también tuvieron que acudir al Supremo.

Apoyos al ‘procés’

En todo el tiempo que ha durado la batalla por la representatividad catalana las patronales se han intentado fusionar, se han distanciado y la Generalitat pasó de distanciarse de una pugna entre organizaciones a apostar claramente por una de las opciones.

Todo ello, al mismo tiempo en que el procés ha ido creciendo y, frente al rechazo de Foment del Treball, Pimec ha apoyado el derecho a decidir e incluso en algunos momentos el independentismo. Por lo que también se han hecho lecturas políticas de los últimos movimientos de la Generalitat.

La justicia tendrá la última palabra. También el Gobierno de la Generalitat que salga de las urnas el 27S, que deberá también decidir si da un paso atrás en su regulación patronal o mantiene la política de Mas.
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