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La Generalidad demanda al Gobierno por el techo de déficit establecido para las CCAA

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, critica que las CCAA tienen que quedarse con un porcentaje inferior al gasto público que deben soportar. "Los esfuerzos de consolidación fiscal deben repartirse de forma justa entre las distintas administraciones teniendo en cuenta los servicios que prestan", señala.

24.03.2014 14:08 h.
3 min
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell
Redacción / Agencias

La Generalidad ha presentado este viernes una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) exigiendo que se modifique el reparto del techo de déficit que el Gobierno ha asignado a las CCAA entre 2013 y 2016 puesto que, según argumenta, "no cumple la ley".

Según ha publicado este lunes el diario Ara, el Gobierno autonómico sostiene que la Ley de estabilidad determina que las CCAA, a la hora de fijar sus límites, han de mantener la proporción de su peso del 37% del déficit estructural español de 2012. Tal cosa se habría incumplido en los acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de junio y 12 de julio de 2013, cuando se estableció el reparto del déficit para el período señalado.

El Consejo de Ministros aprobó, no obstante, acuerdos específicos para Cataluña el 30 de agosto y el 18 de octubre de 2013. La Generalidad, sin embargo, ha presentado recurso contencioso administrativo contra todos, tanto estos últimos como los de junio y julio. Estos requerimientos han topado siempre con la negativa del Ejecutivo de Rajoy.

"Distribución no equitativa, desproporcionada y arbitraria"

Según la demanda, el déficit de Cataluña para 2013 debería haber sido del 2,5% y no del 1,58% que fijó el Gobierno. El mismo criterio se aplica para los años del período establecido, de tal modo que en 2014 el déficit autonómico debería ser, según el Gobierno autonómico, del 2,2% (frente al 1% ya prefijado); del 1,6% (en lugar del 0,7% estipulado) para 2015 y del 1,1% en 2016, en vez del 0,2% fijado.

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, ha criticado que las CCAA tienen que quedarse con un porcentaje inferior al gasto público que deben soportar, que según apunta, es de un tercio del total. "Los esfuerzos de consolidación fiscal deben repartirse de forma justa entre las distintas administraciones teniendo en cuenta los servicios que prestan", señala en este sentido la demanda.

En consecuencia, lo que el Gobierno autonómico expone al Supremo es que el Consejo de Ministros "ha realizado una distribución no equitativa, desproporcionada y arbitraria" de los objetivos de estabilidad presupuestaria entre la Administración del Estado y las CCAA, lo cual implica, según Mas-Colell, que las CCAA tienen que reducir déficit estructural hasta 2016 en un 104%, mientras que la Administración del Estado tiene que reducirlo un 43%. Por todo ello, pide al TS que anule el reparte del déficit actual y obligue al Consejo de Ministros a establecer un reparto "ajustado a lo que dispone" la Ley de estabilidad.

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JG 25/08/2015 - 11:30h
Son unos derrochadores y unos incompetentes , eso no hay tribunal que lo solucione. Que empiecen a pensar como gestionar lo recursos que tienen y como hacer que la economía repunte para poder recaudar más. Menos victimismo y más pensar.
Olegario 25/08/2015 - 11:30h
(1) Sería deseable que el TS diferenciara entre gasto público y gasto político. Los economistas lo hacen. El gasto público es fácil de contabilizar, fácil de comparar entre las distintas comunidades y fácil de seguir y enjuiciar por los ciudadanos, al convertirse en servicios recibidos. Además permite el juicio comparativo, en la calidad y en la eficiencia. De hecho, una Administración puede ser juzgada con criterios de profesionalidad y de efectividad, al igual que una empresa. Eso no implica neutralidad política absoluta, por otra parte imposible e indeseable. De hecho es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para atender prioridades y compensar desigualdades sociales, heredadas o sobrevenidas. De ahí la necesidad de criterios políticos y de partidos diferenciados.
Olegario 25/08/2015 - 11:30h
(2) Cosa distinta es el gasto político disfrazado de gasto público. No hablo de gasto suntuario o sostenedor de corrupciones, esos son otros asuntos, y además urgentes para ser subsanados. Hablo de otra cosa, una pregunta simple lo pone de manifiesto: ¿Cuánto nos cuesta el gasto político continuado a lo largo de los años y derivado de los nacionalismos?, ¿Cuánto cuesta el proceso interminable de ingeniería social asociado a su discurso?, ¿A quién beneficia ese derroche?. Estas son cuestiones que la política tiene que ir abordando e incluyendo en su discurso y en sus programas. La atención, la explicación, la pedagogía y la denuncia son una contribución a la práctica de vivir en democracia. El objeto de la política no se agota fácilmente; las posibilidades de atraer el protagonismo ciudadano tampoco.
Antoni Ferret 25/08/2015 - 11:30h
Pot molt ben ser que la Gene tingui raó en aquest sentit.
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