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El tiempo de servidumbre ha pasado

13.02.2014
15 min

Después de los años de bonanza económica vividos en Europa en los siglos XII, XIII y principios del XIV, la situación económica y demográfica empezó a cambiar de manera muy brusca. Una serie de factores climáticos desfavorables como sequías, inundaciones y plagas de insectos, hicieron que las tierras se empobrecieran. Debido a esto, tras el primer cuarto del siglo XIV, el campo sufrió una crisis agraria que generó una disminución muy importante de la producción. En Cataluña, el año 1333, fue conocido como "lo mal any primer" (el primer mal año), nombre que daría inicio a un periodo de tiempo con muchas dificultades.

Es notoriamente conocido que para poder acceder a un puesto de trabajo, ya sea como médico o como cualquier otro profesional sanitario, es mucho más importante la fidelidad y el vasallaje personal al “facilitador” que las habilidades y competencias que puedan aportarse a la institución

A mediados del siglo XIV las cosechas empezaron a ser insuficientes y el hambre volvió a apoderarse del campo catalán y europeo. A la situación de penuria y desnutrición se añadió la peste negra, que a partir de 1348 mató en poco tiempo a más de un tercio de la población europea y casi la mitad de la población catalana.

La gran mortalidad produjo un éxodo desde las zonas rurales hacia las ciudades y el campo comenzó a sufrir la falta de mano de obra. Para compensar las rentas que habían perdido, los señores feudales volvieron a endurecer contra los campesinos catalanes los malos usos (abusos señoriales), que se habían dejado de aplicar en épocas de bonanza. Esta situación abocó a una revuelta social nunca vista en Europa hasta ese momento.

En la Cataluña feudal, se conocía como "remences" (remensas) a los campesinos sometidos a la servidumbre de la gleba de no poder abandonar la casa y las tierras que trabajaban, sin haber sido redimidos por parte de su señor. La redención o “remença” (remensa) que debían pagar afectaba no sólo al campesino sino también a su familia, los cuales debían servir en la casa de su señor si éste lo requería y quedaban sometidos a un sinfín de obligaciones (los "malos usos") como eran, entre otras, la de no poder vender sus propiedades y, en caso de morir sin testar o sin descendencia, la casi totalidad de su patrimonio iba a parar a manos de su señor.

Después de muchas décadas de abusos y penalidades, a mediados del siglo XV el campesinado catalán dijo basta. Al grito de "el tiempo de la servidumbre ya ha pasado”, los remensas catalanes liderados por Francisco de Verntallat, que no era remensa sino un noble de bajo rango, llevaron a cabo una revuelta que se prolongó durante muchos años y en la que los remensas tuvieron que luchar al lado del rey Católico contra la Diputación del General, la institución precursora de la Generalidad de Cataluña, que defendía los intereses de las oligarquías dominantes (nobles, clérigos y militares) en contra de los derechos y de las libertades de más de un tercio de la población catalana. La Sentencia arbitral de Guadalupe, dictada por Fernando II en el año 1486, abolió los malos usos feudales y sustituyó la adscripción feudal a la tierra por un contrato de explotación agraria que fue un factor clave en el progreso económico de Cataluña. A partir de la revuelta de los remensas, las clases oprimidas de toda Europa supieron que unidas podían luchar por sus derechos…. y salir victoriosas.

La actual epidemia de políticas neoliberales, recortes presupuestarios y desmantelamiento -decidido e intencionado- del Estado del Bienestar, representan la versión moderna de la peste negra medieval y, con ella, resurgen de nuevo las atávicas costumbres de los señoríos catalanes. La Sanidad catalana es uno de los ámbitos más proclives a la reinstauración de los malos usos donde, al amparo de la moderna Diputación del General y de sus fieles colaboradores, los antiguos señoríos y baronías medievales, reconvertidos ahora en directivos y mandos intermedios, están reintroduciendo el “ius maletractandi” como modo habitual de relación con sus colaboradores, profesionales de idéntica o superior cualificación, formación y experiencia que la que ellos mismos podrían acreditar, en el caso -hipotético- de que les fuere requerida para conseguir y desempeñar su cargo.

Es notoriamente conocido que para poder acceder a un puesto de trabajo, ya sea como médico o como cualquier otro profesional sanitario, es mucho más importante la fidelidad y el vasallaje personal al “facilitador” que las habilidades y competencias que puedan aportarse a la institución. El requerimiento básico es la “encomienda” en toda su acepción feudal: relación de dependencia por la que el más fuerte daba protección al más débil a cambio de comprometerse a guardarle fidelidad y entregarle bienes o realizar servicios a su favor y beneficio.

Se trata de conseguir que profesionales exclusivamente vinculados a la institución mediante becas o proyectos de investigación, realicen además y sin retribución ni contrato de ningún tipo, trabajos y actividades asistenciales

Y así, es práctica habitual que algunos directores, supervisores, coordinadores, jefes de unidad, jefes de área u otros cargos similares, propongan, a los nuevos profesionales que quieren incorporarse a la institución, la aceptación de un contrato laboral fraudulentamente temporal y a tiempo parcial, bajo la peculiar advertencia de que tendrán que trabajar muchas más horas de las que constan en ese contrato sin que, por supuesto, se les vayan a retribuir. Como el trabajo es un bien escaso, los candidatos no tienen otro remedio que aceptar y, además, con agradecimiento y bajo compromiso de no denunciar la situación si quieren mantener el empleo y el favor de su señor. Cuando alguien se atreve a afear la conducta a esos nuevos “nobles”, la respuesta consiste siempre en culpabilizar a los responsables del centro por no querer incrementar la plantilla necesaria para realizar las tareas asistenciales que la Dirección les encomienda; ellos, a pesar de ser los autores y los encubridores del fraude, no se creen responsables del mismo y tampoco admiten que con su mezquina actuación lo que persiguen y consiguen es ganarse el favor de los “mandamases” del centro y de la Consejería de Salud. Otros jefecillos, más benevolentes, les “compensan” esa diferencia de dedicación horaria -no reconocida ni retribuida- mediante la posibilidad de asistir a Cursos y Congresos o con el privilegio de participar en trabajos de investigación. A veces, incluso les conceden alguna retribución económica supletoria, con cargo a ciertos fondos de procedencia incierta y bajo control opaco, generalmente dependientes o vinculados a la Industria.

En otras ocasiones la cosa es todavía más escandalosa. Se trata de conseguir que profesionales exclusivamente vinculados a la institución mediante becas o proyectos de investigación, realicen además y sin retribución ni contrato de ningún tipo, trabajos y actividades asistenciales que, a efectos legales y de responsabilidad profesional, sólo podrían desempeñar si formaran parte de la plantilla del centro. Es decir: trabajadores sin contrato y sin retribución; sin la preceptiva cotización a la Seguridad Social; sin acceso a prestaciones por desempleo, accidente y enfermedad profesional o común; sin cobertura de responsabilidad respecto a terceros en caso de error o negligencia..... Una vulneración flagrante de los derechos de los trabajadores y una situación de riesgo para pacientes y usuarios. Los responsables de los Servicios donde eso pasa no solamente lo saben y lo permiten, sino que son los que lo propician e incluso lo exigen.

Los malos usos medievales no se limitaban exclusivamente a una confiscación abusiva de bienes materiales sino que también permitían la exigencia de prestaciones y servicios de carácter personalísimo. Los privilegios señoriales se extendían a bienes, derechos e incluso permitían el maltrato físico de sus siervos. Es notoriamente conocido que para preservar el poder, resulta necesario un control estricto sobre los medios de comunicación y de información, evitando a toda costa la creación de una opinión colectiva que pueda poner en peligro la hegemonía señorial. En 1.448 se permitió, por decisión real, la creación del Sindicato de remensas que tenía, como principal objetivo, suprimir los malos usos; las más de 400 reuniones de pageses y remensas que se celebraron, están recogidas en el “Libro del Sindicato de Remença” que ha sido considerado por la UNESCO como patrimonio documental de interés universal. La Diputación del General, con la colaboración activa de la nobleza, la Iglesia y el Consell de Cent, defendieron abiertamente los intereses de los señores y consiguieron que el Rey Alfonso el Magnánimo, revocara la autorización dada a los remensas para defender sus derechos; esa situación propició la Guerra Civil catalana que, tras diez años de lucha armada, no consiguió poner fin a la revuelta remensa.

Todo esto no acontece en la medieval Cataluña Vieja, que es como se denominaba la zona donde existía la remensa. Esto sucede hoy, en el siglo XXI, en la Cataluña supuestamente democrática y potsmoderna

Siguiendo los pasos que marca la Historia, los nuevos señores de la sanidad pública catalana se creen en la obligación y, al parecer también en el derecho, de limitar la información que han de dar y recibir aquellos a los que consideran sus vasallos y de condicionar incluso sus decisiones más personales. Así, por ejemplo, se manifiestan públicamente respecto al número, ámbito y contenido que deben tener las informaciones y opiniones que los Sindicatos y los órganos de representación de los trabajadores hacen llegar a sus afiliados y representados. Si esos escritos no son de su agrado, podrían y deberían limitarse sencillamente a no leerlos pero es que, de lo que realmente se trata es de decidir y limitar, a su arbitrio y conveniencia, lo que deben saber y lo que deben opinar sus vasallos. ¿Qué la libertad de expresión y de opinión es un derecho fundamental? ¿Qué la Constitución garantiza la libertad sindical? Así es, por el momento; aunque tal vez cuando la Diputación del General consiga liberarnos del yugo constitucional, podremos volver a regirnos por las normas medievales recogidas en “els Usatges” y dar completa satisfacción a los nobles y señores que gestionan y dirigen la sanidad catalana y así, con toda naturalidad y mejor derecho, podrán imponer y decidir por nosotros lo que podemos y debemos decir, saber, hacer y conocer.

Entonces ya no podrá extrañar a nadie que entre los muchos privilegios de estos nuevos señores se encuentre el de prevalerse de su posición directiva para “aconsejar” a los profesionales a su cargo a quién deben votar y a quién no deben votar para dirigir el Colegio Profesional al que obligatoriamente están adscritos, facilitándoles en mano y requiriéndoles a rellenar y entregar los datos personales para computar su voto, tan libre y secretamente emitido, a favor de la candidatura de la que ellos, o alguno de sus nobles compañeros de señorío, forman parte.

Todo esto no acontece en la medieval Cataluña Vieja, que es como se denominaba la zona donde existía la remensa. Esto sucede hoy, en el siglo XXI, en la Cataluña supuestamente democrática y potsmoderna. En la misma Cataluña donde la sanidad y los derechos sociales han sufrido el mayor retroceso de toda Europa; donde el fraude, el derroche y la corrupción institucionalizada conviven con la reaparición de crisis sanitarias que creíamos erradicadas y que la Consejería se empeña en desmentir, como la desnutrición infantil; donde se favorecen intereses privados a expensas del erario público; donde las listas de espera se ocultan y se manipulan; donde la pobreza y la mortalidad ascienden….. Y mientras tanto, los nobles señores, asesores y allegados a la Diputación del General, aprovechan la ocasión para devolvernos al medioevo y pretenden reconvertir las cúpulas y las torres del reloj de algunos hospitales en la Torre del Homenaje* de los castillos medievales.

La verdad es que ante este retroceso social y temporal resulta difícil decidir si es mejor confiar en la intervención real, encomendarse a la Providencia o preparar alabardas y bombardas para poder llegar pronto al Renacimiento.

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*Torre principal, la más alta del castillo y que sobresale de la muralla. Su nombre se debe a que en ella se practicaba la ceremonia del “homenaje”, en la cual el siervo o vasallo se comprometía a guardar fidelidad y prestar servicios a su señor a cambio de protección.

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¿Quién es... Carme Pérez?
Carme Pérez
Radióloga y abogada. Presidenta del Comité de Empresa del Hospital de San Pablo de Barcelona, centro sanitario en el que trabaja desde 1979. Es diputada autonómica por Ciudadanos desde mayo de 2014.
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Olegario 25/08/2015 - 11:31h
Valiente Carme. Solo nos queda decirle que no desfallezca. La miseria que nos rodea lleva fecha de caducidad en sus genes. Reciba nuestra consideración.
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