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El Parlament aprueba la ley de simplificación administrativa con el voto en contra de la izquierda

Votan a favor CiU, ERC, PP y C's, y se oponen el PSC, ICV-EUiA y la CUP.

09.07.2015 16:29 h.
5 min
Marcador del Parlament con el resultado de la votación de la ley de Simplificación Administrativa
Redacción / Agencias

El pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este jueves la ley de simplificación administrativa de la Generalitat y de los gobiernos locales y de impulso de la actividad económica. La ley se ha aprobado por 91 votos a favor y 31 en contra. La han apoyado los grupos de CiU, ERC, PP y C's, y se han opuesto los diputados del PSC, ICV-EUiA y la CUP.

La nueva normativa establece los principios y los criterios que deben seguir las administraciones para suprimir o reducir los trámites para iniciar una actividad económica. Según defiende el ejecutivo autonómico, pretende agilizar y simplificar la actividad administrativa, simplificar las relaciones entre las administraciones y mejorar la coordinación, y hacer efectivo un acceso ágil y eficiente a la actividad económica.

No lo ve así la oposición de izquierdas. La diputada del PSC Alicia Romero ha justificado su voto en contra porque considera que la normativa permite la suspensión de servicios públicos si no se puede garantizar su financiación. También critica que modifica preceptos que afectan a la autonomía local y traspasa responsabilidades a los ayuntamientos. Además, cree que que es una pequeña ley ómnibus que pretende cambiar muchas cosas "que nada tienen que ver con la simplificación administrativa".

Más crítico ha sido el diputado ecosocialista David Companyon (EUiA), que ha opinado que es la ley más neoliberal de toda la legislatura. Ha criticado igualmente que la norma hará que las inspecciones y el control quede en manos de las corporaciones locales, que no tienen recursos suficientes para asumirlo, según ha señalado. "Es una gran ley ómnibus que se aprueba tarde y muy rápido, a las puertas de unas elecciones, y una ley cobarde que no se atreve a tirar adelante la ponencia de la ley de gobiernos locales", ha opinado.

La CUP, contra ERC por votar a favor

La diputada de la CUP Isabel Vallet ha lamentado que ERC haya dado su voto a favor. Ha advertido de que entre simplificar y desregular hay un paso abismal, y ha señalado que la nueva ley acaba con potestades municipales y no beneficiará a la actividad económica: "Está impregnada de una ideología neoliberal y de derechas que asusta", ha asegurado.

Tanto el diputado de ERC Sergi Sabrià como el de CiU David Bonvehí han reivindicado las bondades del contenido negando así las críticas de los que se oponen, y el republicano ha querido puntualizar que la ley facilita la apertura de negocios pero no desregula: "Es una ley digna que nos ayudará y hará un paso adelante modesto pero imprescindible".

En declaraciones posteriores en los pasillos del Parlament, el conseller de Economía, Felip Puig, ha asegurado que su aprobación permite adaptar el ordenamiento jurídico en este ámbito al siglo XXI, ha negado las críticas de los que les acusan de desregular y de dar facilidades a la iniciativa privada y les ha acusado de querer una sociedad más intervenida y controlada.

El PP también critica parte de la ley

Por el PP, la diputada Alicia Alegret no ha ahorrado críticas a la ley, que cree que pretende "camuflar una reforma de ley de gobiernos locales", y que debería ser más ambiciosa. No obstante, ha señalado que los 'populares' han votado a favor porque comparten gran parte del contenido de la ley.

La diputada de C's Carina Mejías ha cargado contra los que se oponen a la iniciativa, a los que ha acusado de criminalizar la actividad económica y el empresariado y, pese a argumentar que se queda corta, ha defendido que "no pueden haber licencias paralizadas por la gran cantidad de problemas que había".

El debate ha llegado al pleno después de que PSC e ICV-EUiA pidieran dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que no detectó vulneraciones de la Constitució ni el Estatut, salvo en el punto relativo a la emisión de informes en el proceso administrativo, al que CiU, PP, PSC e ICV-EUiA presentaron enmiendas para proponer cambios en su redacción.

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