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Prenafeta, Alavedra, Bartomeu Muñoz y 'Luigi', a juicio

El fiscal pide entre ocho y seis años para los principales acusados, que presuntamente formaban una trama corrupta dedicada a cobrar comisiones ilegales por recalificaciones de terrenos.

18.03.2015 19:17 h.
5 min
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Luis García 'Luigi' y Bartomeu Muñoz.
Redacción

El caso Pretoria llega finalmente al juicio oral. Y en el banquillo se sentarán dos ex altos cargos de la época dorada del pujolismo y máximos representantes de la denominada "CDC de los negocios", junto a dos ex dirigentes socialistas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 11 imputados por el caso Pretoria, una supuesta trama de corrupción urbanística centrada en el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, con ramificaciones en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (todos ellos, en Barcelona).

Entre los acusados, destacan cuatro nombres, provenientes a partes iguales de CDC y del PSC. Por parte convergente, se trata del exconsejero Macià Alavedra, hombre fuerte de casi toda la etapa de Jordi Pujol como presidente autonómico -titular de los departamentos de Gobernación entre 1982 y 1986, y de Economía y Finanzas de 1989 a 1997-, y del ex secretario de la Presidencia Lluis Prenafeta, de quien se decía en su época que tenía un poder real superior al de muchos consejeros, pese a no formar parte del Gobierno autonómico.

En cuanto a los dos ex dirigentes socialistas, son el ex vicepresidente de la Diputación de Barcelona y ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, que gobernó en la ciudad entre 2002 y 2009 -sucediendo a Manuela de Madre, y siendo relevado, tras dimitir cuando estalló el escándalo, por la actual alcaldesa, Núria Parlon-, y del ex diputado autonómico Luis Andrés García Luigi, considerado como el cerebro de la trama.

De ocho a seis años, y fianzas millonarias

Alavedra y Prenafeta se enfrentan a una petición de la Fiscalía de seis años y diez meses de cárcel, y el juez les ha impuesto una fianza de 13,7 y 18,3 millones de euros, respectivamente, para cubrir las posibles multas a las que puedan ser condenados. 

Muñoz tendrá que aforntar una fianza de 5,6 millones, y la Fiscalía pide para él igualmente seis años y diez meses de prisión. Más elevadas son la fianza y la petición de pena para el presunto cabecilla de la trama, Luigi: 30,1 millones y ocho años de cárcel. Los cuatro ex políticos están acusados de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Según cree el juez, Prenafeta habría obtenido 14,9 millones en comisiones ilegales durante los años en los que operó la presunta trama corrupta. Alavedra se habría llevado 6 millones, 5,8 García y 1,7 Muñoz.

Además, se sentarán también en el banquillo el ex concejal de urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco, también socialista, para quien la Fiscalía pide un año de cárcel, y que deberá depositar 5,5 millones de fianza; los empresarios los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y fianza de 2 millones) y Manuel Carrillo (tres años y 25.920 euros), y los presuntos testaferros -titulares de cuentas o sociedades que en realidad no controlan- Manuel Valera (2 años y nueve meses y 8,1 millones), Philip McMahann (3 años y seis meses y 5,6 millones), Gloria Torres, (dos años y seis meses y 840.000 euros), y la esposa de Prenafeta, Maria Lluïsa Mas, Prenafeta (tres años y seis meses y 12,6 millones).

Recalificar y construir

Según cree la Fiscalía, los acusados formaban parte de una trama que seguía el más clásico modus operandi de la corrupción urbanística: conseguir, mediante su influencia política y poder de decisión, adjudicaciones de terrenos en Santa Coloma, Badalonma y Llavaneres, para recalificarlos y venderlos posteriormente a un precio muy superior. A cambio de estas operaciones, los miembros de la trama habrían recibido, como mediadores, "cuantiosas" comisiones ilegales".

Además, los acusados habrían ocultado a Hacienda estas ganancias ilícitas mediante "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios off shore y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas".

La trama habría operado desde el año 2000 hasta octubre de 2009, cuando una operación policial en el Ayuntamiento de Santa Coloma -ordenada por el entonces juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón- se saldó con 20 detenciones, entre ellas las de los principales acusados, que pasaron un mes y medio en prisión preventiva. Durante ese breve paso por prisión, surgió una curiosa anécdota: Alavedra y Prenafeta se extrañaron de que no se sirviera vino en las comidas, y de que los funcionarios no les hicieran la cama.

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Antoni Ferret 25/08/2015 - 11:17h
Partits típicament corruptes...
Olegario 25/08/2015 - 11:17h
...en la ejemplar democracia catalana, miembros de sus no menos ejemplares "partits de casa"...
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