Menú Buscar

El Gobierno también llevará al TC la Comisión de Control del 9N

"Si Mas ha decidido firmar ese decreto, el Gobierno cumplirá su obligación", señala la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

03.10.2014 16:47 h.
3 min
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Redacció

El Gobierno seguirá firme ante la política de gestos de desafío de la Generalidad y los partidos nacionalistas y, así como recurrió ante el TC la ley de consultas autonómica y el decreto que llamaba a las urnas el 9N para la suspendida consulta secesionista, recurrirá también la creación y designación de los miembros de la Comisión de Control, el equivalente a la Junta Electoral que prevé la ley de consultas autonómica. El anuncio llega después de que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, en un nuevo gesto -parcial y con salvavidas- de desacato a la decisión del TC, firmara ayer el decreto de designación de los miembros de la Comisión de Control.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, cuando ha explicado que el Ejecutivo llevará ante el TC la designación de los miembros de la Comisión de Control autonómica, y que la Abogacía del Estado ya está trabajando para incorporar este nuevo recurso al que ya fue admitido a trámite por el TC el lunes. El recurso se formalizará probablemente a lo largo de la semana que viene.

De Santamaría ha razonado que la firma por Mas del decreto de nombramiento de los miembros de la Comisión de Control supone un nuevo "incumplimiento" por parte de Mas de las decisiones del TC, que ordenó suspender todos los preparativos para el 9N. "Si ha decidido firmar ese decreto, el Gobierno cumplirá su obligación", ha señalado la vicepresidenta.

Ambigua sobre actuaciones penales

Mucho más prudente ha sido De Santamaría sobre la posibilidad de actuar legalmente contra Mas -por ejemplo, por prevaricación- por haber firmado ese decreto. La vicepresidenta se ha limitado a indicar que la Fiscalía General del Estado estará "muy pendiente" de posibles delitos en el decreto firmado por Mas, pero no se ha querido pronunciar más al respecto.

La reticencia del Gobierno a actuar legalmente contra Mas se puede explicar por dos factores. En primer lugar, el presidente autonómico introdujo en el decreto una cláusula de salvaguarda ante posibles responsabilidades penales, al puntualizar que el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control se hacía "a los efectos de la vigencia correspondiente". Una expresión ambigua, pero que se puede interpretar como que el nombramiento no será efectivo mientras no esté vigente la propia ley de consultas, ahora suspendida.

En segundo lugar, y en clave estrictamente política y estratégica, probablemente el Ejecutivo no quiera actuar penalmente contra Mas mientras no haya motivos muy claros, para evitar que este intente capitalizar la situación, apareciendo como 'mártir' en el proyecto secesionista.

Comentar
Antoni Ferret 25/08/2015 - 11:23h
Menys mal que s'ho prenen així. No per la tremenda. De moment no passa res.
LARRA 25/08/2015 - 11:23h
se debe aplicar la Ley explicándosela al pueblo, con metáforas y ejemplos sencillos y contundentes, Sin Ley no hay derechos ni libertades Unos y otros tendremos que seguir conviviendo, eso parece que se olvida por parte del poder.
¿Quiere hacer un comentario?